Los abogados de Bankia y de su matriz, BFA, reprocharon en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad que siguen sin saber qué delitos les atribuyen las acusaciones particulares, que según ambos no han acreditado debidamente el perjuicio sufrido, y a las que pidieron «depurar». «Nos sentamos aquí sin saber quiénes tenemos enfrente», dijo el letrado del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Alberto Gómez Fraga. Este último solicitó a la Audiencia Nacional que analice si estos afectados pertenecen al centenar de minoristas que aún no han sido resarcidos, o si ya han recibido el importe de su inversión, en cuyo caso, habrían de ser expulsadas del juicio y, con ellos, las acusaciones populares por aplicación de la «doctrina Botín».

En esta segunda sesión, el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, abogó por mantener únicamente a los pequeños inversores que no han recuperado su inversión a través del mecanismo extrajudicial habilitado por la entidad en 2016. Destacó ante la sección cuarta de la sala de lo Penal que en su momento se personaron 11.000 afectados, a los que en febrero de ese año se les ofreció la posibilidad «rápida y gratuita» de devolverles su dinero con un interés del 1 %, lo que le supuso un desembolso de unos 1.840 millones de euros.

Fue, ése, el mecanismo elegido por una gran mayoría de afectados, que al tiempo renunciaban al ejercicio de acciones legales; tras ello, muchos pequeños personados desistieron, aunque otros «no cumplieron con esta obligación y permanecieron en estas actuaciones», aunque ya no tenían «derecho ni legitimación». Asimismo, explicó Burkhalter, hay que sumar personas que han fallecido y siguen aún representadas en la causa.

La cifra de cuentas de accionistas que reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas perjudicados se eleva a 176, desveló, que concentran 205 personas físicas y cuatro jurídicas. Y es que, insistió, el «perímetro» de la causa es la salida a bolsa, por lo que no se puede tampoco incluir a aquellos que compraron acciones en el mercado secundario una vez cerrado éste, o a los que canjearon preferentes por títulos de Bankia.

El resto de defensores, además de solicitar que se dispense a sus clientes de acudir a todas las sesiones por razones laborales e incluso, académicas, como el exconsejero Estanislao Rodríguez-Ponga, actualmente en prisión por las tarjetas black, enfatizaron la temeridad de las acusaciones particulares.