28 de noviembre de 2018
28.11.2018

Juzgan a un administrador de fincas por apropiarse de 220.000 euros de 11 comunidades

El acusado, que tiene una condena anterior, se enfrenta a cinco años de cárcel y al pago de una multa de 4.500 euros

27.11.2018 | 21:18
Juzgan a un administrador de fincas por apropiarse de 220.000 euros de 11 comunidades

Un administrador de fincas colegiado en València, e inhabilitado en enero de 2014, se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel por apropiarse presuntamente de cerca de 220.000 euros que cobró de once comunidades de vecinos de la capital del Túria y de Tavernes Blanques para hacer frente a las liquidaciones de gastos y mantenimiento de las mismas, y que supuestamente no llegaba a abonar, generando así importantes deudas en las comunidades de propietarios que ahora reclaman el dinero. En alguno de los casos la finca llegó a quedarse sin luz y sin servicio de ascensor por los impagos acumulados.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València juzga desde el lunes al acusado, quien también ejerce como abogado y ha decidido representarse legalmente así mismo. El procesado se acogió a su derecho a no declarar y evitó dar explicaciones sobre los motivos que le llevaron presuntamente a apropiarse del dinero de sus clientes, muchos de ellos personas mayores o con pocos recursos económicos.

En una de las comunidades, de una finca de la calle Octavio Vicente Escultor de València, la gestión de dicho administrador derivó en unas deudas acumuladas de más de 69.000 euros, pese a que los comuneros pagaban rigurosamente las correspondientes liquidaciones.

Inhabilitado en enero de 2014

El acusado ejercía como administrador de fincas hasta que en enero de 2014 fue inhabilitado. Hasta esa fecha, en el ejercicio de su actividad, «no abonó diversas facturas giradas por empresas prestadoras de servicios o que habían efectuado obras para las citadas comunidades, a pesar de que en las correspondientes liquidaciones se contemplaron como gastos generados y se cobraron a los propietarios», según sostiene la Fiscalía, que asegura que dispuso de dichas cantidades en su propio beneficio, «incorporándolas definitivamente a su patrimonio». La suma total asciende a los 220.000 euros. Por todo ello solicita para el acusado una pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 4.500 euros por un delito continuado de apropiación indebida y acuerda el sobreseimiento de la causa contra su padre, también investigado.

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