Las ayudas de la Conselleria de Economía a los municipios para modernizar los polígonos han sido recibidas esta legislatura como agua de mayo, una reivindicación municipalista por fin atendida tras años clamando en el desierto. Paradójicamente, estas subvenciones se han convertido en un dolor de cabeza para el conseller Climent y el Ivace, brazo inversor de la conselleria. Y es que muchos alcaldes están pensando en renunciar a las ayudas o directamente ya lo han hecho.

La conselleria no comunicó hasta el último día de julio a los 106 ayuntamientos beneficiarios que efectivamente se les habían aprobado las ayudas. El retraso en la resolución y las exigencias de la normativas de contratación ha hecho que muchos municipios afronten el final de año sin haber logrado adjudicar los trabajos. El problema de fondo es que las bases de estas ayudas bianuales obligan a que este 31 de diciembre ya esté certificado un porcentaje mínimo de las obras. De no alcanzar el objetivo, las ayudas pueden ser minoradas o directamente revocadas, lo que obligaría a los ayuntamientos a asumir más coste del previsto.

El asunto ha cabreado a muchos alcaldes socialistas, que se organizaron para reclamar en alianza con la federación de polígonos Fepeval, una ampliación del plazo. Pero la conselleria, por motivos legales, no puede prorrogarlo, según expuso el propio conseller a la federación.

Como contó ayer este diario, el municipio de Museros ya ha comunicado que renuncia a las ayudas. Moncada se lo está pensando. Por su parte, Buñol también ha decidido no realizar las obras y, por lo tanto, renunciar a la ayuda. Además, van a pedir en el pleno la dimisión de Climent y de Júlia Company, directora general de Ivace. «No han querido ni siquiera escucharnos, no nos han hecho ningún caso», aseguró ayer el primer teniente de alcalde, Rafa Pérez.