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Aplazan un año el juicio contra Cartagena por el caso Metrored

La incomparecencia por enfermedad de un acusado obliga al juzgado a suspender la vista contra el exdirigente popular y la cúpula de la empresa

Luis Fernando Cartagena junto al abogado Javier Boix, ayer, al salir del juzgado. miguel ángel montesinos

El juzgado de lo Penal número 17 de Valencia se vio obligado ayer a aplazar el juicio contra el exconseller y ex dirigente popular Luis Fernando Cartagena y la ex cúpula directiva de la empresa Metrored por la incomparecencia por enfermedad de un acusado que vive en Las Palmas de Gran Canaria. Cartagena y otros doce acusados (entre ellos el presidente de Cleop Carlos Turró y los empresarios Reyes Ballester y José Luis Martinavarro Ferrer) se enfrentan a penas de prisión por un supuesto fraude al fisco con la venta de minutos de telefonía.

Una juez de Instrucción de Paterna abrió juicio oral contra Cartagena y otros doce procesados en el caso. Sin embargo, el proceso ha sufrido múltiples retrasos, que van a utilizar los abogados para reclamar rebajas sustanciales de pena por dilaciones indebidas en caso de que los acusados no sean absueltos. Es la quinta vez que se suspende la vista. La juez de lo Penal tenía intención de volver a señalarlo para dentro de unos días, pero las agendas de los abogados defensores lo impidió.

El fiscal pide inicialmente para los trece acusados penas de entre cuatro y dieciséis años de cárcel. El abogado del Estado reclama condenas de entre cinco y veinte años. Cartagena se enfrenta a una condena de entre cuatro y cinco años de prisión. El presunto fraude fiscal lo cometió Metrored „que fue patrocinadora del Valencia Club de Fútbol„ con el apoyo de las empresas Dania Servicios Tecnológicos y Voyager Tecnológica entre 2005 y 2008.

Hacienda, según las acusaciones, comprobó que Metrored utilizó una estructura dirigida a defraudar el IVA desde su sede en el polígono Fuente del Jarro de Paterna. El grupo supuestamente emitió facturas sin repercutir el IVA a entidades formalmente domiciliadas en Canarias. La empresa declaraba las operaciones no sujetas al IVA y exentas del impuesto general indirecto canario. Por otra parte, el grupo presuntamente utilizó una sociedad sin estructura propia y domiciliada ficticiamente en Canarias para no declarar el IVA a destinatarios de la Península y Baleares.

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