El juez instructor del caso Lezo (que investiga el saqueo de la empresa de agua madrileña Canal de Isabel II) busca en Islas Vírgenes Británicas pruebas de una supuesta comisión pagada por la constructora valenciana Cleop para la adjudicación de una obra en Panamá. El magistrado Manuel García Castellón trata de aclarar si Cleop, Inassa (filial de Canal de Isabel II) y la panameña MG Infraestructuras abonaron una «mordida» de 273.672 dólares. Las empresas bajo sospecha supuestamente camuflaron el pago «mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes suscrito con la sociedad de Islas Vírgenes Británicas Eduholding Corp.», según un auto de García Castellón adelantado por El Independiente.
Inassa montó en 2012 un consorcio con la valenciana Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop). El consorcio supuestamente pagó la comisión para conseguir un contrato de cuatro millones de dólares para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario de La Pintada, en la provincia de Coclé (centro del Panamá). Ahora, el juez García Castellón ha pedido a Islas Vírgenes información sobre Eduholding Corp. El magistrado ha solicitado que se «averigüen las cuentas bancarias que Eduholding Corp. tenía en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014», pidiendo a las entidades financieras que aporten toda la información sobre las transferencias que pudiera haber recibido de Cleop, Inassa y MG Infraestructuras SA. La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos supuestamente podrían ser constitutivos de un delito de corrupción en el ámbito de transacciones internacionales.
El supuesto cabecilla del caso Lezo es el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que está acusado de dirigir una organización encaminada tanto a lucrarse personal y familiarmente como a financiar irregularmente al PP de Madrid. El pago de la comisión para obtener un contrato en Panamá se encuadra dentro de las prácticas corruptas de la filial colombiana del Canal de Isabel II.
Los responsables de la investigación han detectado el pago de «comisiones ilegales» a cambio de contratos de «prestación de servicios inexistentes» suscritos con sociedades radicadas en Islas Vírgenes y con escenario en Panamá, Colombia, República Dominicana o Haití. Los sobreprecios abonados y las comisiones a cambio de trabajos fantasma supuestamente fueron una maniobra, según los investigadores, para que el dinero público llegara a los investigados, con González a la cabeza.
