La exclusión financiera avanza sin freno en la Comunitat Valenciana a causa de la baja rentabilidad de las entidades bancarias, que están cerrando oficinas, sobre todo aquellas menos rentables y ubicadas en pequeñas poblaciones, como una forma de combatir la caída de márgenes y potenciar la eficiencia. Los últimos datos ofrecidos ayer por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) son un fiel reflejo de esta tendencia en principio imparable. En estos momentos, 248 de los 572 municipios de la Comunitat Valenciana carecen de oficinas bancarias. Se trata de un 45,8 %.
Los datos de 2017 abundan en la desolación. Los habitantes de la autonomía que no tienen acceso a una sucursal en su municipio de residencia han pasado del 2,4 % en 2016 al 2,7 % en 2017. Es decir, 135.814 ciudadanos viven en localidades sin entidades financieras. Por provincias, mientras que en València (2,6 %) y Alicante (2 %) el porcentaje de excluidos se sitúa por debajo de la media (2,9 %), en Castelló (5,6 %) casi se duplica la cifra de España. En esa provincia, además, el 66 % de sus municipios carece de sucursales, frente al 52,2 % del conjunto nacional.
El documento destaca que desde 2008, cuando estalla en toda su crudeza la crisis, se ha cerrado en España un 42 % de las oficinas bancarias. Se ha pasado de 45.662 a las 27.320 que quedaban en junio de 2018. En la Comunitat Valenciana «el ajuste ha sido aún más intenso», ya que en ese mismo período la red ha caído un 48 %. Ya solo hay 2.638 oficinas bancarias en la autonomía, la mitad que en 2008. Tras Barcelona, Castelló ha sido la provincia más afectada, con un recorte en su red del 53 %, frente al 48 % de València y el 46 % de Alicante.
El IVIE detalla que el mayor porcentaje de la población valenciana financieramente excluida reside en municipios muy pequeños. En 2017, más de la mitad de los municipios (el 58,5 %) que carecían de sucursal bancaria tenía menos de 500 habitantes. El 9,7 % agrupa a los que no llegan a cien residentes. Entre los que tienen más de 5.000 habitantes no hay ninguno sin oficina. El informe destaca, así, que «la probabilidad de no tener acceso a una oficina en el lugar de residencia es mucho mayor si se reside en un municipio pequeño». De hecho, en los de menos de 100 habitantes la población excluida es el 100 % y baja solo al 96 % entre los que cuentan con entre 100 y 500 residentes.
Para tratar de combatir una exclusión financiera que el IVIE asegura que seguirá aumentando en el futuro, la Generalitat presentó ayer un plan por el que alquilará cajeros a las entidades financieras para tratar de paliar el problema. De momento, 95 poblaciones (37 de Castelló, 13 de Alicante y 45 de València) que suman una población de 45.000 habitantes se han adherido a este programa impulsado por el Instituto Valenciano de Finanzas, que prevé incorporar en una segunda fase a las pedanías de estas localidades.
Alquiler
El plan implica que la Generalitat alquilará los cajeros que ofrezcan los bancos por un período de cinco años con un coste de mantenimiento y funcionamiento estimado en 10.000 euros anuales por unidad. Es decir, casi un millón de euros. Para ello, licitará concursos para cuatro lotes territoriales a los que podrán optar las diferentes entidades financieras interesadas.
Los ayuntamientos adheridos a este programa, que se pondrá en marcha en los próximos meses, se comprometen a disponer un espacio en el municipio para garantizar la seguridad del servicio. La sede del propio consistorio es la principal candidata. Está previsto, mediante un futuro contrato o como mejora del mismo, ampliar el servicio a la creación de oficinas de asesoramiento financiero en estas poblaciones.
