Trabajo inspeccionará las condiciones de los discapacitados en centros especiales de empleo

Los centros especiales de empleo son organizaciones cuyas plantillas deben estar formadas al menos por un 70% de personas con un grado de discapacidad del 33%. No se trata de un sector en concreto, sino de un tipo de empresa que puede desarrollar su trabajo en cualquier rama de actividad, desde el auxiliar de la automoción al textil pasando por la limpieza.

En este contexto, la Inspección de Trabajo va a poner en marcha una campaña para revisar si cumplen su función original: realizar un acompañamiento a la persona con diversidad funcional en un tránsito hacia la integración total en el mercado laboral. Así, Trabajo revisará condiciones salariales o prevención de riesgos pero también el cumplimiento de las exigencias normativas en cuanto a acompañamiento y apoyo del trabajador.

Precisamente, el Consell acaba de aprobar el decreto que regula las obligaciones de estos centros, entre ellos una atención individualizada y desarrollar itinerarios personales de inserción y orientación sociolaboral, a través de personal especializado.

La campaña de la Inspección coincide con un momento de tensión en el ámbito patronal de los centros especiales de empleo. Y, al mismo tiempo, de enfrentamiento entre empresarios y sindicatos.

Escisión patronal

Un grupo de empresas se ha salido de la patronal principal, Agevalcee, y ha creado una alternativa. Así lo explica el empresario Enrique Fayos, impulsor de la Asociación de Centros Especiales de Empleo para la Integración (ACEEICV): «Queremos una asociación plural, donde todos podamos opinar y enterarnos de las cosas, donde podamos recibir las órdenes de la Generalitat, negociar un convenio más flexible del que hay y más óptimo para trabajador y empresario», resume.

La organización, que acaba de depositar sus estatutos, nace de la unión de un pequeño grupo de empresas que agrupan a unos 1.500 trabajadores, pero prevé un rápido crecimiento, según señalan.

Al margen de discrepancias con la directiva de Agevalcee, los impulsores del nuevo proyecto no esconden que el motivo principal es la batalla latente que, desde hace años, mantiene este sector con los sindicatos, que ven en estas empresas una «competencia desleal».

Los centros especiales de empleo, por su propia naturaleza de empresas que se nutren de personas con necesidades especiales, gozan de un régimen especial en forma de ayudas. Por ejemplo, cada trabajador tiene una bonificación del 100% de los costes de seguridad social. Además, hay ayudas a la contratación o mantenimiento de puestos de trabajo por el 50% del salario mínimo interprofesional. También hay ayudas de hasta 1.800 euros para adaptar cada puestos de trabajo y eliminar barreras arquitectónicas; y otros 1.200 euros por puestos de trabajo para crear o mantener unidades de apoyo.

Es un asunto delicado, debido precisamente a la especial vulnerabilidad de un colectivo con una dificilísima inserción laboral. El impulsor de la nueva patronal pone su empresa como ejemplo: «No tenemos reparo en contratar a gente de más de 50 años. El 98% de nuestros empleados son personas con discapacidad. De ellos, el 32% de alta discapacidad». La de Enrique Fayos es una de las empresas más relevantes. Talento y Experiencia presta servicios auxiliares a la industria, con gran presencia en el sector de la automoción. Tiene cerca de 500 empleados, y su base está en el polígono de proveedores de Ford.

El Servef dispara las ayudas

ServefPero son muchas empresas. En estos momentos, la Generalitat tiene registrados 140 centros especiales de empleo beneficiarios de las ayudas del Servef. En lo que va de legislatura, la conselleria ha elevado las ayudas de forma considerable: de 18,3 millones en 2014, a los 27,3 de este 2018. Al calor de estas ayudas, también ha crecido de 124 a 140 el número de CEE receptores de ayudas. En cuatro años se ha pasado de subvencionar 5.274 puestos de trabajo (2014) a 6.541 (2017).

Dependiendo a quién se le pregunte, estas ayudas son las necesarias para el mantenimientos de las empresas, ya que sus costes son mayores y tienen problemas lógicos como un mayor absentismo. Desde otro punto de vista, las ayudas son una ventaja competitiva cuando el empresario opta a contratas públicas o privadas frente a empresas ordinarias.

Según denuncia ACEEICV, los convenios de sectores como el metal, limpieza o conserjería, imponen que los centros especiales de empleo, si hacen trabajos en estos sectores, deben regirse por las mismas condiciones laborales y salariales. Y quieren impugnar estos convenios: «Nos intentan sacar del mercado. Nos quitaría la competitividad», denuncian.«Lo que pretendemos es que nos dejen trabajar. No soy competencia desleal de nadie. A todos los trabajadores los formamos, los hacemos polivalente. La gente aprende y adquiere un nivel de competencia. Muchas empresas los escogen directamente al saber que han estado en Talento y Experiencia», señala Fayos.

Lo cierto es que, desde hace tiempo, los sindicatos tradicionales tienen en su punto de mira a este tipo de empresas que desarrollan sus trabajos en diferentes sectores. En efecto, varios convenios como los de limpieza están incluyendo a los centros especiales de empleo dentro de su ámbito de aplicación.

Para Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CC OO-PV, este conflicto se resolvería volviendo a la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, que desapareció con lareforma laboral. «Sería la forma de evitar que dentro de un sector se compita a la baja a efectos salariales», valora.

«Dentro de los fenómenos de descentralización productiva que se usan para abaratar costes, podemos hablar de competencia desleal», apunta. «Nuestra posición frente a los centros especiales de empleo es que son estupendos si se usan para los fines creados: facilitar la inclusión de personas con diversidad funcional. Si se van a usar para sustituir puestos de trabajo bajo la excusa de incorporar personas con diversidad funcional, es una estafa», añade CC OO. La disputa parece abocada a los tribunales.