La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asegura que existe una «práctica situación de monopolio en casi todos los puertos y servicios y una fuerte concentración de grupos empresariales en el servicio de remolque». El organismo regulador que preside José María Marín Quemada, en su informe relativo al establecimiento de una reserva de bandera en la prestación de servicios portuarios, ha dado un duro varapalo a la situación de la actividad de remolque portuario en España, un negocio que genera unos ingresos de 228 millones de euros anuales y cuyo 34 % de las licencias registradas está en manos de Boluda Corporación Marítima, líder en el sector y con presencia en puertos de Francia, África y América a través de una flota que supera las 200 embarcaciones.
Tal como viene denunciando en el ámbito de la estiba, Competencia, sin citar a empresas concretas, destaca que en el servicio de remolque existe una única empresa licenciataria en todos los puertos , salvo en Huelva, Las Palmas y Santander, en donde hay dos licencias. «Sin embargo, pese a la existencia de dos licencias, no existe competencia entre ellas, porque o bien ambas pertenecen al mismo grupo empresarial, o bien existe cierta especialización de cada licenciataria en diferentes tipos de servicio», puntualiza Competencia.
Concentración de servicios
Los principales grupos empresariales representan un 83 % del total de los prestadores del servicio de remolque. Mientras, en el ámbito de practicaje, el número de prestadores está limitado por ley a uno en cada área portuaria . Respecto al servicio de amarre y desamarre, en el año 2016, había sólo cinco puertos que disponían de 2 o más licencias.
Así las cosas, la concentración de empresas de servicios eleva los costes a navieras y por eso las empresas de transporte marítimo de mercancías presionan a las entidades que gestionan los puertos, en manos de Fomento, a liberalizar actividades que son más baratas en otros emplazamientos de Europa. De acuerdo con un estudio sectorial publicado por Puertos del Estado, el peso del de amarre es, en promedio, un 9 % del total de costes de los servicios técnico-náuticos; el practicaje, alrededor del 20 % y el remolque, que ocupa la mayor parte de la distribución, un 71 %. En relación con el total de costes operativos, las tareas de amarre, practicaje y remolque suponen un 2 %, 4 % y 12%, respectivamente.
En cuanto al negocio, las empresas licenciatarias de los servicios técnico-náuticos generan 92,4 millones de euros en practicaje, 228,7 millones de euros en remolque y 50,4 millones de euros en amarre, tal como indican las cuentas de explotación de estos últimos ejercicios.
El informe que acaba de publicar la CNMC responde a la consulta planteada por el Instituto social de la Marina -dependiente del Ministerio de Empleo- sobre el establecimiento de una reserva de bandera en la prestación de servicios portuarios.
Desde hace décadas el sector de servicios portuarios sufre una intensa competencia internacional por parte de buques registrados en otros países. La reserva de bandera es una medida proteccionista que se utilizó en el pasado como reacción a esa competencia internacional. De esta forma, se permite únicamente a buques registrados en un país, en este caso en España, acceder a servicios técnico-náuticos, como son el practicaje, remolque y amarre. Con todo, «se ha comprobado que este tipo de medidas acaban siendo ineficaces y generan conflictividad en las relaciones comerciales internacionales», indica el mencionado informe del organismo regulador.
