El documento encargado por Bankia a Germán López Espinosa concluye que la desconsolidación de Banco de Valencia -controlado por Bancaja y transferido por esta al nuevo grupo- «no supuso la ocultación de pérdidas a 31 de diciembre de 2011» y «tampoco suponía la ocultación de pérdidas a futuro». Ante los problemas que padecía el banco cuyo consejero delegado era Domingo Parra, se planteó una ampliación de capital que finalmente no salió adelante entre otros motivos porque el resto de accionistas no quiso participar. El informe recoge algunas consideraciones efectuadas por BFA, la matriz de Bankia, entre ellas que el incumplimiento de la concurrencia del resto de accionistas o nuevos inversores en dicha operación, «supondría un incremento exponencial de las necesidades de apoyo en liquidez y solvencia». Incluso, la opción de lanzar una OPA de exclusión que podría haber tenido un efecto sobre el capital de Bankia de entre 800 y 900 millones.
La ampliación o la OPA «podría derivar en una potencial resolución de los acuerdos con los minoritarios de BISA [holding al que la caja trasladó sus principales participaciones, entre ellas el Banco de Valencia, y donde era socio, entre otros, el Deutsche Bank] con un efecto aproximado» de 2.000 millones en capital y 500 en resultados, además de restar 1,45 puntos al core capital. Bankia entendía que la operación no obedecía a un plan estratégico de futuro para el banco, «sino a un diferimiento de la afloración» de sus debilidades.
