Una de las áreas de gestión en las que la Conselleria de Economía más reivindica la racionalización de costes es el ámbito de la internacionalización. La Generalitaty antenas que atiende a empresas valencianas en 35 mercados por 920.000 euros.
Pero desmantelar aquella red de oficinas comerciales del Ivex, ideada por Eduardo Zaplana como puerta de entrada a las empresas valencianas en el exterior, sigue costando dinero a los valencianos. Según revela la memoria de la Sindicatura de Greuges de 2017 publicada hace unos días, el Ivace sigue provisionando fondos para cubrir indemnizaciones por despidos de los antiguos delegados del Ivex.
En concreto, en 2017 llegó una sentencia firme contra la Generalitat por un importe de 147.335 euros para personal de la oficina del Ivex en Chile. No es la única compensación que, lógicamente, ha tenido que abonar la Generalitat, entonces o ahora, por el desmontaje de la estructura comercial exterior.
Uno de los casos más particulares es el de los dos directivos de la oficina exterior en Shanghái, que fueron despedidos en 2017 en medio de una polémica por la forma de cobro de sus salarios. El responsable de la oficina china, Ricardo Blázquez, y su asistente, Hsu Chia Shih Chi, ambos con contrato de alta dirección, recibían el sueldo a través de un banco en Singapur, un territorio que estuvo considerado por España como off shoreSus emolumentos eran de 55.380 y 43.163 euros, respectivamente.
Con el cambio en la Generalitat, la Conselleria de Economía liderada por Rafa Climent, de quien depende la red exterior de oficinas comerciales, se mostró decidido a poner bajo la lupa estas prácticas.
En julio de 2017, formalizó el despido de los dos directivos tras 20 años en esta oficina. Era de las últimas oficinas del viejo Ivex que quedaba en funcionamiento, aunque sin casi actividad. El Ivace, que heredó las competencias del Ivex, lo justificó por un cambio de estrategia en China y en el modelo de oficina, para realizar las funciones a través de empresas externas que ejecutaran las actuaciones de Ivace. En este caso, la indemnización a los dos responsables ascendió a 37.568 euros.
En total, el desmantelamiento de 17 oficinas del IVEX entre 2011 y 2017
ha costado a la Generalitat 701.227 euros, de los que la mayoría, 597.746 euros, se corresponden con indemnizaciones a los delegados y otros contratados.
La oficina de Tokio se lleva la palma. Cerrarla generó unos gastos de 188.128 euros en personal. No le anduvo lejos la de Santiago de Chile, con los 147.335 euros ganada en los tribunales.
Además de los despidos, el cierre de las oficinas generó indemnizaciones por alquiler y otros gastos de asesoría, abogados o notaría que hizo ascender la cifra más de 700.000 euros.
