El expresidente de Bankia Rodrigo Rato aseveró ayer ante la Audiencia Nacional que la salida a Bolsa de la entidad, al igual que la fusión, no fue una «decisión empresarial, sino legal», de la que eran «totalmente partidarios» tanto el Banco de España como el Gobierno, tras las nuevas exigencias a las cajas. Durante su interrogatorio, que inauguró la ronda de declaraciones de los 34 acusados en el juicio por la salida a los mercados bursátiles de la entidad con sede en València en julio de 2011, el exministro defendió con rotundidad los 13.000 millones en provisiones que la entidad fue capaz de dotar, superiores a los recomendados por los organismos públicos, y que fueron realizados contra reservas y no contra la cuenta de resultados, conforme a la normativa contable. Anticorrupción pide 5 años de prisión para Rato por la supuesta estafa a los inversores.

Sobre el debut bursátil de Bankia, Rato explicó a la sección cuarta de la sala de lo Penal que estaban «en manos del regulador y de la ley», e indicó que tuvieron que llevar a cabo la operación en plazos «muy cortos», ya que el Banco de España ponía de fecha límite el mes de septiembre. Una premura precipitada por las exigencias anunciadas por el Gobierno a principios de 2011, cuando pidió a las cajas que captaran capital, «nervioso» por el grave deterioro que estaban sufriendo los mercados a cuenta «primero de la crisis griega, y después del rescate de Irlanda».

Asimismo, remitió a la declaración en el Congreso de los Diputados del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, quien negó que la entidad tuviera «problemas especiales» en el momento de la salida a Bolsa, y recordó que incluso se comportó mejor que el resto del sector bancario y el propio Ibex 35 en los siete meses posteriores. Preguntado por las posibles alternativas al salto al parqué, Rato reconoció que Bankia mantuvo contactos con al menos dos fondos de inversión estadounidenses, como opción a que entraran en el capital de la entidad y evitar así la salida a Bolsa, pero exigían fuertes descuentos que hacían inviable la operación.

Sin embargo, el grueso del interrogatorio de la fiscal Carmen Launa se centró en la compleja situación del Banco de Valencia, controlado por Bancaja e intervenido en noviembre de 2011, y cómo pudo afectar al grupo BFA-Bankia, intervenido a su vez por el FROB en mayo de 2012 con un impacto para el contribuyente de 22.400 millones. En tono de continuo reproche a la representante del Ministerio Público, el exministro, que repitió en varias ocasiones que esta entidad no formaba parte de la fusión, avaló la legalidad de otros aspectos de su gestión.

Entre éstos, el proceso de integración del que tomó parte Bancaja por «instrucciones» del Banco de España, organismo que «conocía las tripas» del nuevo grupo, ya que «tenía quince personas» en él. A la fusión fría o al sistema institucional de protección (SIP) de las siete cajas -Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, y las de Segovia y La Rioja- se refirió Rato como «una oportunidad para crear una hucha o mochila para un entorno que se veía que iba a ser peor» en alusión a la crisis. En este sentido, insistió en que «las instrucciones, el dinero -4.465 millones- y el control» de la integración, fueron «diseñadas» por el FROB. Además, reiteró que el grupo disponía de provisiones suficientes para cubrir posibles deterioros, 13.000 millones, muy superiores a los 6.300 millones sugeridos por el Banco de España.