Intu ha confiado en el bufete de abogados Clifford Chance para que lidere las acciones legales contra lo que considera una actuación completamente desviada de la Administración, y de sus responsables por el bloqueo de Puerto Mediterráneo. En este sentido, estudia iniciar nuevas acciones, no sólo en vía administrativa, sino también civiles y penales, como ha adelantado Levante-EMV en su edición impresa de hoy, contra la Administración y contra los responsables políticos de las resoluciones administrativas. Esta medida se enmarca en las acciones ya iniciadas por Intu sobre los perjuicios sufridos, y se trata de un paso más en las acciones legales emprendidas en defensa de los legítimos intereses de la firma, según ha destacado la promotora de Puerto Mediterráneo en un comunicado.
La compañía considera que las sucesivas trabas impuestas por la Administración pueden ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal, así como los posibles delitos de falsedad documental debido a las falsedades, según Intu, contenidas en los múltiples informes y resoluciones administrativas, conforme a lo previsto en el art. 390 del Código Penal.
Intu considera que ha agotado todas las vías alternativas, incluida la presentación de un nuevo proyecto en julio de 2018 en el que se recogían todos los requerimientos técnicos para subsanar el informe medioambiental desfavorable. Los sucesivos intentos de diálogo tanto con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como con los responsables de las consellerias competentes en la tramitación e incluso la solicitud de amparo ante la patronal valenciana evidencian el grado de compromiso de la multinacional con el proyecto que había evitado hasta la fecha emprender acciones legales en la vía penal.
El último posicionamiento de la Conselleria de Medio Ambiente es la gota que ha colmado el vaso. El promotor siente que su proyecto, que ya fue rechazado en septiembre de 2016, está siendo boicoteado de forma sistemática, una percepción que se agrava con las declaraciones públicas de dirigentes con responsabilidad en el Consell.
Hace dos años, fue la Comisión de Evaluación Ambiental, formada por altos cargos de Urbanismo y Medio Ambiente, la que tumbó el proyecto. La reacción a aquello fue únicamente por la vía institucional: se demandó a la Generalitat en el contencioso-administrativo con una petición de indemnización de casi 300 millones.
Intu defendía que aquel dictamen contravenía el medio centenar de informes favorables que había recopilado durante los varios años de tramitación. Además, alegaban que el informe de Carreteras que fue decisivo para tumbar el primer intento de Puerto Mediterráneo era contradictorio con el criterio que la Generalitat había seguido en otras ocasiones.
Entonces se descartó la querella contra los responsables del dictamen, una intención que podría recuperar ahora, después de que Medio Ambiente haya iniciado los trámites para la «inadmisión» del proyecto, lo que supondría enterrarlo por segunda vez.
Ayer, precisamente, el promotor respondió a los argumentos de la notificación firmada por la subdirectora general de Evaluación Ambiental para no aceptar el proyecto y abortar su tramitación. El Ayuntamiento de Paterna tiene diez días para alegar.
En un comunicado, el promotor señala que el centro «cumple ampliamente la normativa vigente sobre protección de la red viaria». Cabe recordar que el escollo principal que señala Medio Ambiente es que el ámbito de actuación sigue ocupando la zona de protección de la CV 35, de cien metros, concretamente con el nuevo trazado del cauce del barranco Endolça.
Frente a esto, el promotor defiende que se ha duplicado la distancia prevista en la ATE Puerto Mediterráneo y separa la manzana de uso terciario 100 metros de la CV-35. Y recuerda: «El encauzamiento del barranco ejecutado por la propia Generalitat aguas arriba y aguas abajo a mucha menos distancia de la calzada se encuentra totalmente inmerso dentro de la zona de protección de las carreteras CV-35, CV-31 y CV-30. Es por ello incongruente el argumento esgrimido, si tenemos en cuenta que el marco legal y técnico ha de afectar por igual a la Administración y a los administrados».
Y añade: «Los usos previstos en la propuesta para la zona de protección cumplen con los permitidos en dicha ley, ya que no suponen ninguna limitación para la instalación de servicios anexos, ni para las actividades de mantenimiento extraordinario, y permitirán desarrollar la máxima ampliación posible de la CV-35 y la remodelación del enlace de la A-7».
El enfado de Confecomerç
Por otro lado, la patronal del pequeño comercio, Confecomerç, exigió ayer que Intu Mediterrani de Paterna cumpla la ley, «como todas las empresas». También valoró que la C. Valenciana «cuenta con una gran saturación de espacios comerciales», y reclamaron un «modelo sostenible». Finalmente, criticaron el comunicado de apoyo a Intu que emitió la patronal autonómica CEV, y lamentaron que no se les comunicara.
