El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el valenciano Luis Planas, ha asegurado esta mañana que el Gobierno pedirá a la Unión Europea que revise el acuerdo citrícola con Sudáfrica para obligar a este país a cumplir lo que estipula dicho pacto. Tras reunirse con las organizaciones agrarias y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, Planas afirmó que no le "temblará la mano" para pedir cláusulas de salvaguardia si Sudáfrica envía más cítricos de los previstos.

El encuentro llega en un momento de crisis para el sector citrícola debido a una campaña "desastrosa" para los agricultores valencianos que, hasta diciembre, les había ocasionado unas pérdidas de al menos 130 millones de euros, según un estudio de la Unió de Llauradors.

Las protestas de los agricultores han tenido repercusión en la Comunitat Valenciana desde hace unas semanas. De hecho, en diciembre, unos 2.000 citricultores protestaron frente a la Conselleria de Agricultura para exigir la puesta en marcha de medidas urgentes que contribuyan a paliar "la dura crisis de precios que está arruinando al sector".

Además, recientemente, en varias localidades de la provincia de Castelló, se han llevado a cabo protestas contra supermercados que vendían fruta de la variedad Valencia-Late, pero que en realidad procedía de Sudáfrica.

Desde las asociaciones, se esperaba que Planas anunciara vmedidas más allá de las que presentó en diciembre, cuando el Ministerio abrió un cupo para transformar en zumo naranjas, mandarinas, clementinas y satsumas retiradas del mercado, que abarcaría hasta 50.000 toneladas de cítricos, y que podría suponer hasta 12,5 millones de euros.

Ya entonces, desde AVA-ASAJA consideraron que la gravedad de la crisis citrícola "obliga a seguir negociando la adopción de nuevas medidas", en palabras de su director, Jenaro Aviñó.

Mientras, desde la Unió de Llauradors, esperan que la reunión de este lunes sirva para que el ministro "recoja dos o tres propuestas concretas para defenderlas en Bruselas". En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la formación, Carles Peris, ha apostado por dos cuestiones: el tratamiento en frío y las materias activas, dos procesos que los productores españoles han de seguir, pero que no se reclaman a la fruta importada desde países con Sudáfrica.

Precisamente es el acuerdo con este país --que lleva en vigor desde 2016-- la razón que apuntan como raíz del problema desde las asociaciones agrícolas. Uno de los principales problemas es que estas importaciones a países como Portugal, Reino Unido u Holanda pasan controles fitosanitarios más laxos que los que se requieren a las naranjas españolas.