La seguridad jurídica está impidiendo a la Generalitat acometer una intervención tan profunda como pretendía en la problemática de las viviendas particulares de uso turístico. El departamento Turismo Comunitat Valenciana publicó ayer el reglamento que regula el alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana y, finalmente, las 62.500 viviendas que estaban en el registro de apartamentos turísticos antes de la entrada en vigor de la nueva ley de Turismo podrán seguir operando sin problemas en adelante y sin fecha de caducidad.
Los planes del área que dirige Francesc Colomer eran más restrictivos. Pasaban por conceder a los propietarios una especie de moratoria (periodo transitorio de adaptación) de dos o tres años para obtener el informe de compatibilidad urbanística de su ciudad.
Desde este verano, cualquier vivienda que quiera inscribirse para operar legalmente como alojamiento debe obtener un informe de su ayuntamiento que certifique que es compatible con las normas urbanísticas municipales. La intención de la Generalitat era dar un plazo razonable de tiempo para que cada ciudad decidiera dónde quiere que se ubique esta oferta alojativa, de modo que todos los propietarios pudieran homologarse. Pasado ese tiempo, quienes no lo obtuvieran se quedarían fuera de la legalidad.
No será así, según el nuevo reglamento, que ahora se somete a un periodo de exposición pública y alegaciones de quince días. El decreto de alojamiento garantiza la actividad a cualquier propietario que ya esté inscrito en el registro. Cualquier otra cosa sería aplicar la norma de forma retroactiva. Eso sí, según apuntan desde Turismo, los ayuntamientos mantienen la potestad para solicitar a la Generalitat que saque del registro las viviendas que, según su criterio, no cumplan la normativa urbanística. Y ayuntamientos como el de València ya han manifestado que mucha de la oferta de plataformas como Airbnb están fuera de su marco legal. Esa será otra batalla.
Renovación cada cinco años
Con todo, el reglamento incorpora algunas novedades. Según el artículo 26, cada cinco años (desde la entrada en vigor del reglamento) los propietarios deberán comunicar su decisión de continuar con la actividad. De no ser así, se les dará de baja, con lo que si en el futuro retomaran la actividad sí tendrían que obtener el certificado de compatibilidad urbanística. Al margen de esto, los apartamentos pasan de tres a dos categorías, estándar y superior, eliminando la de lujo.
