La cumbre agraria convocada ayer en el Palau de la Generalitat por el presidente del Consell, Ximo Puig, y el Ministro de Agricultura, Luis Planas, concluyó con algunos compromisos del dirigente del Ejecutivo central para paliar la grave crisis que atraviesa el sector citrícola durante esta primera parte de la campaña 2018/2019. Planas, quien se reunió con las organizaciones agrarias, cooperativas y comercio privado, aseguró que el Gobierno de España hará un «seguimiento detallado» de las importaciones de países de fuera de la Unión Europea -sobre todo a raiz de las compras masivas procedentes de Sudáfrica- para defender los intereses de la producción española y que «no le temblará la mano al Gobierno para pedir una cláusula de salvaguardia si fuera necesario». Lo que no dijo es cuándo.

Al término de su encuentro en el Palau, el ministro anunció una propuesta que podría ser de gran calado para le mejora de las rentas de los citricultores del sector si se pone en marcha. Se trata, tal como acaba de aprobar Francia, de una Ley de Alimentación -una de las medidas estrella del gobierno de Macron- que permita fijar los precios de los productos agrarios en origen -es decir, el campo- en función de los costes de producción. Las organizaciones interprofesionales serían las determinadas de determinar los costes, que serían claves para evitar abusos de la industria y el comercio.

En busca de soluciones

El ministro Planas comentó que la norma gala -inspirada en la Ley de la Cadena Agroalimentaria de España- le parece «interesante» y ha sabido «ir más allá» de la norma de nuestro país. En su opinión, la decisión del Ejecutivo galo constata una «realidad jurídica, social y distributiva que va en buena línea porque los márgenes de explotación de los agricultores son muy inferiores» a los de otros eslabones de la cadena alimentaria como la industria, el comercio o la distribución.

Respecto al hundimiento de precios sufridos en este campaña por diferentes circunstancias, el ministro comentó que le parece «injusto en relación con el trabajo y las inversiones realizadas por los agricultores» y se ha mostrado dispuesto a trabajar para ver qué apoyos se pueden ofrecer. Por eso considera suficiente el acuerdo de retirar 50.000 toneladas de cítricos para zumo financiada con 12,5 millones de fondos europeos.

Este encuentro, que se produce tras numerosas protestas de agricultores ante una campaña «desastrosa» en precios, mala climatología, retrasos en la maduración y un aforo un 20 % superior a la temporada anterior, ha servido también para que Gobierno central y Generalitat se comprometan a participar en campaña de promoción para fomentar el consumo de cítricos.

Planas considera necesario que el sector se organice para poder aprovechar los mecanismos de apoyo de la Política Agrícola Común (PAC) financiados por la UE. Y recordó que los productores pueden aprovechar los fondos comunitarios para hacer campañas de promoción en la UE y en terceros países. Y deben estar organizados en una interprofesional -Intercitrus está paralizada desde hace una década por falta de recursos económicos- para solicitar las ayudas, como ocurre en otros sectores.

También hizo referencia a que las organizaciones de productores sólo comercializan el 34 % de la naranja producida. En su opinión, es necesario que la producción vendida a través de estas entidades se incremente, para que así puedan los propios productores utilizar de forma más eficaz las medidas de gestión de crisis, planificar la campaña para ajustarla a la demanda o incluso abordar proyectos de reconversión varietal.