El inicio de operaciones de la tecnológica Uber en València no ha dejado indiferente al taxi. Aunque Cabify ya lleva cuatro años haciendo la competencia a este servicio regulado, el taxi teme que Uber, que cuenta con una mayor cantidad de licencias de alquiler de coches con conductor (VTC), dé un mordisco mayor aún a un negocio que ya consideran bajo mínimos.

Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la C. Valenciana, advierte de que están abiertas todas las vías de protesta, incluida una huelga, que se estaría estudiando para finales de este mes.

La reflexión llega en pleno despliegue de la aplicación estadounidense en el mercado autonómico. Uber empezó sus actividades ayer en València, y en los próximos días estará disponible en Alicante y Elx. Llega a este territorio una vez que la Generalitat ha empezando a conceder, obligada por la justicia, cientos de licencias VTC. Son los permisos que tradicionalmente se utilizaban para servicios de transfer o para clientes VIP, pero que tienen un nuevo uso gracias a estas app: el transporte ordinario de pasajeros dentro de la ciudad.

En este sentido, desde el taxi confían en que tanto la Conselleria de Transportes en el nuevo decreto que está preparando, como el Ayuntamiento de València a través de la ordenanza municipal, tomen medidas para acotar la actividad de los dos sectores (taxi y VTC), que ahora compiten abiertamente por el mismo cliente.

Contratar 24 horas antes

El taxi tiene dos reivindicaciones esenciales: la primera es evitar la captación de clientes en la calle, algo frente a lo que el sector de VTC alega que únicamente recogen pasajeros previa contratación. Además, los taxistas también aspiran a que tenga que haber un tiempo mínimo de espera entre la precontratación y la recogida, un proceso que ahora mismo es inmediato. La Generalitat catalana ya trabaja en esta vía a través de una modificación de su ley de transportes. Algunas asociaciones piden hasta 24 horas de espera desde la precontratación.

En estos momentos, la C. Valenciana cuenta con 321 licencias VTC activas, aunque la previsión es que vayan adjudicándose otras cientos, hasta llegar a mil más, de forma paulatina, ya que existente muchos procedimientos en espera de sentencia y la doctrina del Supremo juega a favor de los intereses de las empresas de VTC. «Debería haber alrededor de 120 como mucho para cumplir con el ratio que marca la ley (1 VTC por cada 30 taxis)», añade Del Molino.

El sector no descarta ningún tipo de medida de protesta, aunque señalan que mientras negocian van a tratar de mantener sus servicios con normalidad. «El objetivo es solucionar el problema, no hacer manifestaciones», apunta Del Molino.

Por otro lado, la Plataforma Integral del Taxi, que reúne a unos 1.500 taxistas españoles, anunció ayer que interpondrá una demanda civil contra las plataformas que dan servicio con vehículos de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, entre otras, por presunta competencia desleal. Les reclaman a estas empresas que retornen el dinero que están ganando «haciendo el trabajo que corresponde a los taxistas».

También prevén presentar una demanda por presuntos daños patrimoniales contra la Administración central. Reclamarán un importe mínimo de 50.000 euros por licencia de taxista, un gremio que suma 70.000 profesionales en toda España. «El taxi va a exigir que se reintegren los daños causados», aseveró. Hasta 25.000 millones, según el abogado Elpidio Silva.

Querella contra las VTC

El colectivo también prevé presentar una querella criminal este mes o en febrero para «destapar la trama» que sostiene que se ha creado alrededor de las VTC, por posibles delitos de manipulación de precio mediante engaño, blanqueo de capitales, fraude de ley y estafa masiva. Según Tito Álvarez, de Élite Taxi Barcelona, «la Administración no ha hecho su trabajo» al no regular plataformas como Uber y Cabify y no cumplir con la directiva europea que fija que la actividad de los taxis, junto a la de ambulancias y transporte urbano, no se debe liberalizar.

El taxi responde así a la presión de la patronal Unauto, que agrupa a las VTC, y que también avisa de indemnizaciones multimillonarias por la «expropiación» de sus licencias con el último decreto del Gobierno, que abre la puerta a que en cuatro años estos permisos sean revocados las ciudades.