El día a día de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en la Comunitat Valenciana se ha instalado en el conflicto permanente. Desde hace prácticamente un año, la bronca entre la anterior cúpula dirigente de la autonomía y la dirección estatal ha dejado un reguero de expulsiones, demandas e impugnaciones de procesos participativos. Una tensión que ha vuelto a estallar justo esta semana, a pocos días del congreso nacional.

Entre hoy y el domingo, la organización que lidera la lucha contra las estafas bancarias celebra en Alcobendas (Madrid) su IV congreso nacional. Por primera vez, la dirección que encabeza Manuel Pardos tendrá enfrente una candidatura alternativa. Miembros de diversos territorios descontentos con la gestión centralizada de la entidad se han organizado. Este grupo cuenta con el respaldo de cargos de la anterior dirección de la C. Valenciana, destituida por la nacional el verano pasado.

El conflicto se ha reavivado. Según trasladan a este diario fuentes de la candidatura alternativa Construyendo Futuro, una de las socias valencianas que integran esa lista ha sido expulsada. Desde que transcendió la existencia de una candidatura opositora a Pardos han ido siendo expulsados varios miembros, añaden las mismas fuentes. Esta lista, que preside el canario Antonio Brito, cuenta también con una segunda representante valenciana.

El motivo de la expulsión decretada hace pocos días por la dirección nacional es haber proferido gritos y acusaciones contra el equipo de Manuel Pardos durante la asamblea preparatoria del Congreso de este fin de semana, que se celebró el pasado 18 de diciembre.

Hay más. Este mismo lunes la Comisión de Organización del IV Congreso ha notificado la anulación de dicha asamblea, en la que los críticos se llevaron la mayoría de los delegados (cuatro compromisarios frente a dos) que se escogían para el cónclave de este fin de semana. La dirección alega defectos formales y la alteración del orden que impidió el correcto desarrollo de la asamblea como motivos para anularla. La dirección nacional no ha atendido la llamada de Levante-EMV.

El conflicto en esta organización que integra a unos seis mil socios en la C. Valenciana viene de lejos. El 7 de julio, Manuel Pardos ya expulsó como socios a la vicepresidenta y el secretario de la anterior dirección, a la que acusaba de «dividir» y «lanzar proclamas de independencia» de la organización autonómica. En esa asamblea de julio, que está impugnada en los tribunales, se relevó a toda la dirección valenciana y se modificaron los estatutos de la entidad.

Como telón de fondo del conflicto aparece la gestión económica de la entidad. En estos momentos, es la dirección de Madrid la que controla las cuotas de los miles de asociados. El sector crítico, sin embargo, exige autonomía económica, tal como se desprende de los estatutos. Reclaman también capacidad para tomar decisiones sobre la contratación de abogados, que hoy vienen designados por la estructura central de la entidad.

Como consecuencia de este conflicto la organización ha perdido las ayudas de la Generalitat que venía recibiendo como asociación de consumidores, de entre 35.000 y 40.000 euros al año. A raíz de las expulsiones y las impugnaciones de la asamblea de julio, la Conselleria de Economía ha decidido no conceder la subvención, al no saber a ciencia cierta quién es el representante legal de la entidad.