La reforma de la Ley de contratos agrarios, aprobada ayer en Les Corts, frenará la extendida práctica comercial en el campo valenciano conocida como «venta a resultas» -es decir, sin fijar precios en origen tras un acuerdo verbal- al incorporar como novedad la creación de un registro de contratos de compraventa agrícolas, donde los compradores -comercios privados o cooperativas- deberán inscribirse obligatoriamente. Esta nueva ley ha sido impulsada por Compromís.

Con la venta «a resultas» el comerciante le compra la cosecha al agricultor sin ofrecerle un precio cierto, de modo que cuando termine la campaña ya le dirá a cuanto se la paga. En esta campaña citrícola 2018/2019 de hundimiento de precios está siendo una práctica habitual en las explotaciones naranjeras de la Comunitat Valenciana. La nueva norma legal -con fotos a favor de PSPV y Podem, la abstención del PP y el rechazo de Cs- contempla sanciones de hasta 1 millón de euros. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, se encarga de investigar las prácticas comerciales en la cadena agroalimentaria e imponer las sanciones económicas oportunas.

La «caótica y desesperada» situación que viven miles de agricultores valencianos con motivo de los «pésimos resultados que está ofreciendo la actual temporada naranjera» ha disparado la interposición de denuncias ante los juzgados por parte de los productores de cítricos, según informó ayer AVA-Asaja.

Las referidas denuncias se sustancian, básicamente, en la comisión de tres irregularidades penalizadas por la ley: el incumplimiento de contratos, los impagos de las cosechas y la supuesta detección de una cantidad abusiva de destruí durante el proceso de confección de la fruta en los almacenes. El incumplimiento más frecuente consiste en la renuncia repentina por parte de determinados operadores comerciales a recolectar la totalidad, o una parte, de la cosecha del agricultor, tal como se había acordado y recogido debidamente en el documento contractual.