El proyecto Intu Mediterráneo está de nuevo en el «minuto cero» de su tramitación, iniciada mediante la fórmula urbanística de un plan parcial que, al suponer una modificación de carácter estructural obligará a tramitar una modificación del Plan General de Paterna. Un procedimiento administrativo que si es sencillo puede prolongarse de tres a cuatro años. Pero si supone un cambio urbanístico de calado, como es este caso, que precisa de informes ambientales y sectoriales de distintas administraciones puede alargarse hasta los «ocho o nueve años, si va bien el asunto», según confirman varios urbanistas consultados por Levante-EMV.
Este «minuto cero» supone que «si superan las alegaciones [planteadas por este departamento a información sobre el proyecto] continuará su tramitación recabando todos los informes, otra vez, de todas las consellerias que tengan que informar», según explicó ayer la consellera de Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, durante un desayuno informativo para hacer una balance urbanístico de la legislatura.
Intu Mediterráneo también deberá cumplir los criterios de sostenibilidad y crecimiento previstos en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) aprobada en 2011 y vinculante desde el inicio de esta legislatura que limita los crecimientos y que, en el caso de Paterna, podría agotar su suelo de usos comercial e industrial para los próximos treinta años.
Preguntada sobre la dilatada tramitación a la que puede obligar la fórmula de un plan parcial, tanto Salvador como el secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Lluís Ferrando, explicaron que las reformas legislativas urbanísticas precisamente persiguen agilizar este tipo de trámites.
Aunque Salvador recordó que la anterior tramitación de Puerto Mediterráneo se hizo mediante la figura de la actuación territorial estratégica (ATE) -prevista en la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) impulsada por Isabel Bonig en 2012- y que se suponía era una tramitación exprés (un año). «A pesar que de que existía un gobierno monocolor de mayoría absoluta del PP y no uno de mestizaje como ahora, fueron incapaces de aprobar la ATE de Puerto Mediterráneo entre 2012 y 2015». Y añadió que fueron «informes de, entre otros, el Ministerio de Fomento de Iñigo de la Serna del PP, los que decían que no cumplía la normativa en materia de accesos» por lo que «la Comisión de evaluación ambiental tumbó el proyecto y la resolución que firmó esta conselleria fue denegatoria».
Las ATE ahora ha sido sustituida en la reforma recién aprobada de la Lotup por los Proyectos de inversión económica sostenible (PIES). Una nueva figura en la que no tienen cabida proyectos como el de Intu Mediterráneo porque está destinada a «inversiones concretas en el ámbito logístico o industrial» en las que «el uso comercial o lúdico no puede ser mayoritario».
