Casi seis años después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigar los negocios que la CAM montó en el Caribe con los empresarios Juan Ferri y José Baldó a través de la mercantil Valfensal, once acusados por estas operaciones se sentarán en el banquillo el próximo junio para responder de los cargos de administración desleal (unos en concepto de autores y otros como cooperadores necesarios) y, en el caso de los hoteleros y de uno de sus empleados, de, además, seis delitos fiscales.
Se trata de los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Daniel Gil, de los exresponsables de TIP (la sociedad con la que la entidad participó en Valfensal) Vicente Sánchez y César Véliz , y de los dos empresarios de Benidorm y su director financiero, Francisco Climent. A ellos se suman el expresidente y tres miembros de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, María Asunción Martínez y Francisco Grau. Éste último es el asesor fiscal del exministro Eduardo Zaplana actualmente en la prisión de Fontcalent por su supuesta implicación en la operación Erial.
La acusación pública y la particular, que ejerce el Fondo de Garantía de Depósitos, sostienen que López Abad y Gil utilizaron TIP para conceder préstamos a Valfensal «que de otra manera no hubiera podido ser al no cumplir los requisitos requeridos por la CAM para ello». Según la fiscal, los exdirectivos de la caja y los dos empresarios «decidían las operaciones que iba a efectuar Valfensal y los préstamos que debían ser autorizados». Unas operaciones que venían «avaladas» por López y Gil, quienes «daban el visto bueno sin analizarlas en profundidad y no cumplimentando los requisitos exigibles».
Un comportamiento que las acusaciones califican como un delito de administración desleal y que el Fondo extiende también a los miembros de la comisión de control en su modalidad «omisiva» en tanto que no ejercieron su labor de fiscalización para evitar que se aprobaran esos préstamos. Criterio que no comparte Anticorrupción, que solicita el sobreseimiento para todos los miembros de este órgano encausados.
Las penas que se reclaman van desde los cuatro años en el caso de la administración desleal (con independencia de que se califique como autor o como cooperador necesario) y de tres años por cada uno de los seis delitos fiscales de que se acusa a Ferri, Baldó y Climent.
La fiscal mantiene que se defraudó a Hacienda más de 11.6 millones de 2008 a 2013 al simular que la actividad empresarial se realizada desde Curaçao, territorio calificado de baja tributación, cuando en realidad se llevaba a cabo desde la oficinas que el grupo hotelero tiene en Benidorm y en Mallorca. Para la acusación pública, está acreditado que «la dirección y control del conjunto de las actividades de la sociedad Jacksonport», propiedad de Valfensal a través de otra sociedad interpuesta con la que, sobre el papel, se gestionaban los negocios, «se realizaba de forma deliberada desde España por la dirección de Valfensal».
El Banco de España sostiene que las operaciones crediticias aprobadas por la CAM para unos negocios por los que no percibió beneficios causaron la entidad un quebranto de 28 millones. El juicio, el cuarto al que se enfrente López Abad por su gestión en la CAM, comienza el 3 de junio y está previsto que se prolongue durante tres semanas.
