La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana acaba de echar un capote al sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que ha sufrido recientemente un varapalo en Cataluña con una normativa que complica las actividades de plataformas como Uber o Cabify.
En un escrito firmado el pasado día 30 de enero y al que ha tenido acceso este diario, Competencia reclama que el Consell no adopte una posición discriminatoria con las VTC. Lo hace en vísperas de que la Conselleria de Transporte presente hoy las líneas maestras del decreto regulatorio de estas actividades, en pleno debate normativo y con el sector del taxi en pie de guerra ante lo que considera una competencia desleal de Uber y Cabify.
Tras varios días de consulta pública para recabar propuestas, el Consell lanza hoy un borrador de normativa que en otras capitales como Madrid o Barcelona han tomado distintas direcciones. En Barcelona, el Govern ha impuesto que Uber o Cabify deban tener un periodo de espera de 15 minutos entre la precontratación y la prestación del servicio. Ello ha hecho que estas dos aplicaciones cancelen sus operaciones en esa ciudad, provocando una cascada de ERE en las empresas titulares de estas licencias. En los últimos meses, estas firmas habían hecho grandes inversiones en la compra de permisos.
Frente a esto, la Comunidad de Madrid se niega a regular el sector de las VTC, manteniendo un pulso con las organizaciones del taxi, que llevan en huelga dos semanas.
En medio de este contexto, Competencia reclama a la Generalitat que la nueva norma de VTC respete los principios de buena regulación, es decir, «necesidad, proporcionalidad y no discriminación». «Las restricciones a la competencia que deban incluirse para alcanzar los objetivos de interés público [han de ser] mínimas y necesarias y no existan alternativas menos gravosas para la competencia», cita el texto de la CDC.
El órgano, dependiente de la conselleria de Economía, reclama un «enfoque global» para la norma, «teniendo en cuenta que taxi y VTC llevan a cabo una misma actividad». Dicho enfoque, añade, «ha de tener como uno de sus ejes fundamentales el bienestar de los consumidores, concretado en la prestación de unos servicios de calidad y más eficientes en términos de precio, así como una mayor y más variada oferta».
En el sentido de evitar perjuicio al usuario, apunta: «Cuestiones como los requisitos de acceso, las condiciones de explotación, la ratio de contingentación, el requisito de habitualidad, u otras que se están barajando en algunas propuestas normativas, han de estudiarse cuidadosamente desde la óptica de la libre competencia, para evitar los perjuicios injustificados a las personas usuarias concretados en servicios de menor calidad y mayores precios, que se derivarían de una eventual regulación restrictiva de la actividad de transporte público discrecional de viajeros/as».
Habrá que ver si el decreto, cuyas líneas maestras se conocen hoy, abunda en esta permisividad hacia el competidor del taxi o sigue las peticiones del taxi valenciano, que, por ejemplo, reclama que haya doce horas de precontratación entre la petición y la recogida.
En su escrito, el órgano autonómico promotor de la competencia se alinea con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En un reciente informe sobre la regulación estatal, la CNMC avisa de que «presenta restricciones que inciden negativamente en la prestación del servicio para los usuarios finales, en términos de mayores precios, menor calidad e innovación, menor oferta disponible y mayores tiempos de espera de los que resultarían en un entorno más competitivo».
La CNMC ha lanzado a las administraciones peticiones como «evitar discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratación o estacionamiento»; «revisar las restricciones al número de licencias de taxis y de VTC» o «posibilitar que, en el futuro, los VTC puedan prestar servicios no solo en su comunidad autónoma».
