Un conflicto que tiende a enquistarse. Los doce vehículos con conductor (VTC) de la plataforma Cabify que trabajan en Alicante y Benidorm, a los que en principio, se sumarán la próxima primavera otros 50 -a falta de saber qué decidirá la otra plataforma, Uber- tienen un colchón de cuatro años, ampliables a otros dos, para trabajar sin ningún problema ni regulación gracias al decreto que aprobó el Gobierno en septiembre de 2018, que está por encima de la regulación que plantea el Consell. La disposición transitoria única recoge que las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor existentes a la entrada en vigor del real decreto-ley «se sujetarán durante los cuatro años siguientes en los recorridos urbanos».
Disposición que, según subrayó ayer Óscar Pastor, portavoz de las VTC en Alicante, «ignora de partida el Consell a la hora de plantear el decreto con el que quiere regular esta actividad». Una iniciativa contra la que se han pronunciado taxistas y VTC que, además, cuentan con el respaldo social. Los taxistas reiteran que no pueden aceptar que el tiempo mínimo para la reserva con antelación de un vehículo con conductor sea de 15 minutos y ayer criticaron que «el Consell trate de pasar la patata caliente a los ayuntamientos».
Los vehículos con conductor no están dispuestos, por su parte, a quedarse parados «porque entendemos que nadie puede limitar que el usuario pueda desplazarse como quiera. En taxi, en VTC o en bicicleta. Si el Consell sigue en su empeño de regular contra nosotros tendremos que acudir a los tribunales que ya nos están dando la razón en Madrid y Cataluña», señaló Pastor.
Lo cierto es que estos vehículos cuentan cada día con más aceptación en Alicante y Benidorm, donde no tienen todavía base pero acuden si son reservados con antelación. Los vehículos permanecen estacionados en la calle y se mueven en función del aviso que reciben vía plataforma. Intentan pasar desapercibidos para evitar choques con los taxistas.
La primera reunión entre el Consell y los dos colectivos afectados no ha servido, en principio, para nada, vistas las reacciones de ambas partes. Los taxistas confían en acercar posturas en las próximas semanas, pero no ven soluciones a corto plazo, sobre todo en lo relativo a la antelación de 15 minutos para que se pueda solicitar un VTC. «En la reunión les trasladamos las importantes diferencias entre Cataluña y la Comunitat Valenciana, ya que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias en todo el Área Metropolitana de Barcelona que incluye 36 municipios y cerca de cuatro millones de habitantes. Copiar esta solución no sirve en la Comunidad Valenciana», subrayaron ayer las diferentes asociaciones del taxi en un comunicado conjunto.
«Resulta difícil de entender que si la conselleria siempre ha alegado no tener competencias y ha culpado al Ministerio de Fomento por no resolver el problema con una normativa nacional, ahora que el Gobierno de Ximo Puig tiene competencias a nivel autonómico, tenga dudas para resolver el problema de forma integral».
Los taxistas acusaron al Consell de pasar la «patata caliente» a los ayuntamientos, pensando, en principio, solo en València, y dejando muchos municipios de Alicante y Castelló sin regulación del sector, multiplicando el problema y dificultando de nuevo la resolución al conflicto», señalaron en su comunicado.
El sector del taxi también ha planteado medidas para adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios, «como una reglamentación que permita fijar precios prefijados mediante la contratación telemática, vehículos de siete plazas o mejoras en conductores y vehículos».
Desde la Conselleria de Vertebración del Territorio subrayaron, por su parte, que «la Generalitat quiere redactar este decreto-ley desde la máxima participación con todos los implicados», por lo que se abrió una consulta pública previa para que el sector trasladara sus propuestas.
Una vez finalice este proceso, el Consell redactará el borrador de decreto y lo enviará a las asociaciones que participaron en la presentación de propuestas. Posteriormente, trasladará el decreto a la Abogacía de la Generalitat para que redacte el informe correspondiente y, por último, será aprobado por el pleno del Consell. Debe darse prisa porque Las Cortes se disolverán a mediados de abril, dada la convocatoria electoral de mayo.
En el nuevo decreto, la Generalitat se centra en regular únicamente los servicios de transporte interurbano que realicen las VTC, mientras que permitirá que los ayuntamientos ordenen e intervengan en los servicios urbanos.
