R. ferrando/J. L. García valència
n La letrada especializada en derecho concursal Antonia Magdaleno ha logrado aplazar hasta el 23 de abril su ingreso en prisión por la condena de cuatro años de cárcel por estafar a su anterior despacho Broseta Abogados y ha iniciado una campaña de recogida de apoyos para solicitar el indulto. La Audiencia acordó el 23 de enero conceder la prórroga de tres meses por motivos personales y con toda probabilidad ampliará el plazo otro año en cuanto formalice la petición de indulto. La letrada, que ha llevado parte de los concurso de acreedores más importantes de España en la última década, tiene que abonar a su antiguo despacho 4,6 millones de euros.
Antonia Magdaleno también ha dimitido como administradora única de su despacho, SUE Abogados, y ha cedido la gestión a sus compañeras Beatriz Carbonell y Sonia Gimeno, según informó ayer el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
La sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó en noviembre la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia de Valencia a la exsocia de Broseta Abogados al considerar probado que estafó 4,6 millones de euros al bufete con los honorarios de los concursos de Martinsa-Fadesa y Urazca en los que intervino como administradora.
El Supremo desestimó todos los motivos planteados en el recurso de casación interpuesto por la condenada contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, además de la condena de prisión, le impuso una multa de 54.000 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de la cantidad defraudada -4,67 millones de euros- más los intereses, según informó el alto tribunal. La sentencia consideró acreditado que cuando Magdaleno fue nombrada en los concursos de estas dos mercantiles, ordenó al despacho que le facturasen «unas cantidades inferiores a las que ella había percibido por honorarios, ocultando el importe realmente cobrado de las mercantiles concursadas». Por el concurso de Martinsa-Fadesa, cobró 7.862.528 euros y ordenó que el despacho le facturase 3.324.891 euros. En el de Urazca percibió 1.458.209 euros, y dispuso que le facturasen 589.778, según los hechos probados.
Fuentes del TSJ explicaron que ni la Fiscalía ni la acusación particular (ejercida por Broseta Abogados) se han opuesto a la prórroga de la entrada en prisión hasta el 23 de abril. Por otro lado, la Audiencia suele conceder una prórroga de un año cuando se pide el indulto y la condena es inferior a 5 años, no hay reincidencia, no es un delito violento y el reo no reviste peligrosidad (como es el caso).
