La Generalitat ha agilizado los plazos para instalar plantas fotovoltaicas como le pedía la patronal valenciana de energías renovables (Avaesen). El Consell ha impulsado una reforma en la modificación de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) aprobada el jueves que exime a los promotores de los parques fotovoltaicos de pedir la Declaración de Interés Comunitario (DIC) cuando la instalación no supere los cinco megavatios (MW) de potencia y ocupe menos de diez hectáreas (como ocurre en la mayoría de los proyectos). Además, las empresas podrán construir plantas fotovoltaicas de cualquier tamaño sin la DIC en zonas rurales que cuenten con un plan especial de usos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, explicó que la medida aprobada «supone rebajar dos años» el plazo para instalar un parque fotovoltaico en la C. Valenciana.

Fuentes del Consell reconocieron que la Declaración de Interés Comunitario se había convertido en un requisito urbanístico propio de la Comunitat Valenciana que estaba ralentizando de forma no justificada la implantación de centrales fotovoltaicas. El presidente de la patronal de energías renovables indicó que era un trámite «burocrático» innecesario porque este tipo de instalaciones ya tienen que pasar otros controles urbanísticos. «Hasta ahora eran necesarios tres años para poder ejecutar el proyecto de un parque fotovoltaico y ahora solo hará falta un año», subrayó.

Marcos J. Lacruz añadió que la exención de la Declaración de Interés Comunitario en zonas rurales va a beneficiar a grandes proyectos que se podrán instalar en localidades como Requena. En concreto, la nueva normativa exime del DIC a las grandes plantas cuando se ejecuten en municipios considerados como sistema rural en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y aquellos otros que se encuentren en la llamada franja intermedia del territorio. Lacruz insistió en que la eliminación del requisito del DIC en la mayoría de los proyectos de parques solares «es una noticia muy importante para el sector» porque dinamizará la ejecución de las inversiones previstas.

La patronal valenciana de energías renovables lleva meses denunciado que las trabas burocráticas están frenando proyectos valorados en 1.500 millones de euros. El principal problema es la falta de personal en la Conselleria de Economía. La Generalitat confía en solventar este año el problema con el incremento de la plantilla de funcionarios que va a pasar de 70 personas a 95 y con la eliminación de requisitos innecesarios como la DIC.