Las cajas rurales, por su fundacional vinculación con el mundo agrario, son un reducto fundamental de la España más olvidada, es decir aquella de la que forman parte esas localidades pequeñas que año tras año pierden población. También son un bastión contra la exclusión financiera creciente en un país donde la reestructuración de la banca en la última década ha incrementado el número de municipios donde ya no queda ninguna sucursal bancaria. Los datos de 2017 de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y del Grupo Cooperativo Cajamar, que se separó de la primera en 2014 y del que forman parte dos decenas de rurales de la Comunitat Valenciana, atestiguan ese protagonismo.
En efecto, de las 4.409 oficinas que la suma de todas esas entidades tenían en España al cierre de 2017, el 38,6 % -1.704- estaban ubicadas en poblaciones con menos de 5.000 habitantes. En el otro lado de la balanza, 529 sucursales -un 12 % del total- se encontraban instaladas en localidades con más de 300.000 habitantes. En el primer caso, el porcentaje en la Comunitat Valenciana está doce puntos por debajo de la media nacional. Son 156 las oficinas que las rurales tienen en las poblaciones más pequeñas. Es un 26,1 % de los 597 establecimientos que había en la autonomía al cierre de 2017.
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De esas 156, la parte sustancial, es decir, 141, corresponden al Grupo Cooperativo Cajamar. Cabe recordar al respecto que, durante los años de la crisis, esta entidad absorbió a algunas de las principales rurales de la Comunitat Valenciana, como Ruralcaja, que hasta entonces competía con Cajamar por el liderazgo nacional, Caja Campo o Caixa Castelló. Además, como ha quedado dicho, otras dos decenas de entidades, la gran mayoría de ellas de pequeño tamaño, han quedado integradas en su grupo. En realidad, Cajamar atiende a 152 localidades con menos de 5.000 habitantes, dado que utiliza un vehículo para dar servicio en municipios en los que carece de sucursales.
Las quince oficinas restantes corresponden a las cooperativas que siguen independientes. La Central de Orihuela, con siete, y Caixa Popular, con tres, son las entidades con más sucursales en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Algemesí, Coves de Vinromà, Benicarló, cada una de ellas con una, y L'Alcúdia, con dos, completan el escalafón autonómico.
El mapa de implantación del movimiento cooperativo refleja cómo las rurales tienen una presencia muy destacada en el centro-sur de España. Andalucía ocupa la primera posición con casi mil oficinas. Le siguen Castilla-La Mancha, con 610, y la Comunitat Valenciana con las citadas 597. Por contra, las dos zonas más bancarizadas de España -Madrid y Cataluña- tienen un papel más bien secundario, con 111 y 80 oficinas en cada caso.
Empleo
Mientras el sector financiero español sigue destruyendo empleo de forma intensiva -una dinámica que acompaña al cierre de sucursales- por la necesidad de reducir gastos y de hacer frente a la cada vez más presente banca por internet, el cooperativismo de crédito se resiste a los traumas laborales. Los datos de la Unacc y Cajamar son elocuentes. En 2013, la suma de todas las rurales implicaba que el sector daba empleo a 18.910 personas. Cuatro años más tarde, esa cifra había bajado a 17.816. Es decir, por el camino se habían destruido poco menos de 1.100 puestos de trabajo. En concreto, una reducción del 5,8 %.
