Ambas entidades solo tuvieron que abonar un euro en aquellas compras y las dos recibieron una cobertura ante posibles pérdidas en la cartera crediticia, pero la factura que siguen pasando es bien diferente. En números, la distancia va de los 7.300 millones de un caso a los 500 de otro. Hablamos, cómo no, de la adjudicación en diciembre de 2011 de la CAM al Banco Sabadell y de la del Banco de Valencia a CaixaBank un año más tarde.

El Sabadell recibió los activos de la caja alicantina después de que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), cubierto con aportaciones de las entidades financieras, inyectara 5.249 millones en la entidad de ahorros. Además, obtuvo un Esquema de Protección de Activos (EPA) que cubría el 72,5% de las pérdidas derivadas de una cartera de activos de 24.400 millones en los siguientes 10 años.

Por su parte, en noviembre de 2012, un año después de su intervención, el fondo público FROB adjudicó el Banco de Valencia a CaixaBank tras invertir 4.500 millones en sanearlo -un año antes había puesto otros mil millones- y concederle una EPA por el 72,5% de las pérdidas que experimentara la cartera de pymes/autónomos y de riesgos contingentes (avales) de la extinta entidad valenciana en la siguiente década.

A menos de tres ejercicios para que finalice la EPA de la CAM, el Sabadell ha recibido ya del FDG aproximadamente 3.200 millones y calcula que obtendrá otros 4.090. CaixaBank, por su parte, giró en 2017 su primera factura, por 37 millones. El FROB ha anunciado que la de 2018 ascenderá a otros 55 y que el cómputo final se situará en 500.

¿Por qué esa distancia? Fuentes financieras consultadas por este diario destacaron dos factores que la explican. Por una parte, el tamaño de las dos entidades absorbidas. La CAM era la cuarta caja del país, mientras que el Banco de Valencia formaba parte del perímetro de la tercera, es decir, la también extinta Bancaja, que tenía casi el 40 % de su capital. A modo de ejemplo, el Sabadell heredó de la caja alicantina unos activos totales de aproximadamente 75.000 millones. El Banco de Valencia, por su parte, solo estaba en 20.700 millones en el momento de la absorción.

No obstante, una parte relevante de ellos, en torno a 2.000 millones, correspondían a activos tóxicos de los sectores promotor e inmobiliario que fueron traspasados a la Sareb, el denominado banco malo creado por el Gobierno para limpiar la basura de créditos al ladrillo que atesoraban en sus cuentas las entidades financieras que fueron intervenidas.

Ahí se encuentra la otra explicación de las diferencias entre Sabadell y CaixaBank. La EPA de la entidad con sede social en Alicante desde octubre de 2017 cubre toda la cartera crediticia, donde se incluyen todos los préstamos inmobiliarios. La de CaixaBank, desde la misma fecha con domicilio en València, quedó libre de ladrillo y solo garantiza los créditos fallidos a la industria y los servicios no relacionados con la construcción. Las fuentes consultadas recuerdan que el Sabadell con la CAM, el BBVA con Unimm y Cajastur con Caja Castilla-La Mancha fueron las únicas entidades que no pudieron traspasar activos a la Sareb porque esta aún no había sido constituida. Esta nació formalmente en diciembre de 2012 cuando le fueron transferidas las carteras de la entidades nacionalizadas: 22.318 millones de euros procedentes de BFA-Bankia, 6.708 millones de Catalunya Banc, 5.707 millones de NCG Banco-Banco Gallego y los 1.962 millones del Banco de Valencia.