Bankia rendirá cuentas ante sus accionistas el próximo 22 de marzo, en la junta que se celebrará en València. La entidad espera lograr el visto bueno al ejercicio 2018, periodo en que elevó su beneficio atribuido un 39%, hasta 703 millones de euros.

Estas ganancias obedecen a resultados extraordinarios y, sin ellos, el beneficio habría sido de 788 millones, un 3,4% menos.

En este contexto, Bankia ha congelado la retribución de sus principales ejecutivos: el presidente (José Ignacio Goirigolzarri) y el consejero delegado (José Sevilla). Cada uno de los dos cobrará 800.000 euros, exactamente la misma cifra que en 2017. También será así en el caso de Antonio Ortega, director general de Personas, Medios y Tecnología de Bankia.

Esta remuneración es la suma del sueldo fijo (500.000 euros, el máximo que pueden recibir los presidentes de las entidades con ayudas públicas, como Bankia) y el variable (300.000 euros). Este último, el bonus, se reconoce ahora pero el pago se devengará y se fraccionará en tres años, entre 2022 y 2024.

Goirigolzarri ha generado ese derecho al haber cumplido objetivos marcados por el consejo de administración en distintas variables, como el cumplimiento del plan estratégico, el mantenimiento de la base de capital, el desempeño profesional o la orientación al cliente, entre otros.

En total Bankia pagó al consejo de administración 3,34 millones de euros, un 5,03% más. Este incremento es consecuencia de que el órgano de gobierno se amplió en 2018, con dos integrantes más que no estaban en 2017 y cuya retribución aporta al total. Es el caso del ejecutivo procedente de BMN (banco absorbido por Bankia), Carlos Egea, y de Laura González Molero. En total, el consejo de Bankia tiene ahora 12 vocales.

Bankia está controlada hoy por el Estado a través del Frob, el fondo para la reestructuración del sistema financiero español, que posee el 61,39% del capital. El banco está nacionalizado desde mayo de 2012 y el Gobierno tiene hasta 2021 para desinvertir y salir del capital. Lo hará intentando recuperar el máximo posible de las ayudas concedidas a la entidad, que superaron los 22.000 millones. De momento, ya se le han reintegrado unos 3.000 millones.