La patronal del alquiler de vehículos con conductor en España, Unauto VTC, apeló ayer a la «responsabilidad» de la Generalitat para exigirle que formalice una consulta al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el proyecto de decreto para regular los VTC en la Comunitat que se encuentra en período de alegaciones.
La patronal de VTC tiene la «certeza» de que este documento «no pasará el filtro» de constitucionalidad e instan al Gobierno valenciano a no seguir «el ejemplo de Cataluña», donde ha recordado, el Consell de Garanties Estatutàries ha dicho que esta normativa «obstaculiza de manera excesiva el derecho constitucional a la libertad de empresa» y reconoce que las indemnizaciones al sector podrán ser reclamadas por los propietarios de las autorizaciones a las autonomías.
En la actualidad existen 373 licencias de VTC operando en la Comunitat Valenciana, aunque !hay otras 1.000 concedidas con carácter anterior a noviembre de 2015, pendientes de ponerse en marcha», apuntó el presidente nacional de Unauto, Eduardo Martín.
Sin embargo, las «restricciones» que plantea el decreto llevarán a la «expulsión» de los VTC de la Comunitat y al «despido de más de 500 conductores, dado que sus empresas se verán obligadas a cerrar», advierte el presidente de Unauto Valencia, Ricardo González. En su mayoría, dijo, son trabajadores de más de 50 años que han tenido difícil su inclusión laboral.
Además, sostiene que, de acuerdo con un informe de EY sobre el coste de la expropiación de las autorizaciones VTC, la Generalitat se enfrenta al pago de más de 166 millones de euros en concepto de indemnizaciones a los titulares de VTC, más posibles reclamaciones por lucro cesante.
