Europa perseguirá por fin los abusos comerciales que perjudican a los agricultores. El Parlamento Europeo ha aprobado este pasado martes en el pleno celebrado en Estrasburgo y por amplia mayoría -con solo el rechazo de algunos partidos de extrema derecha y extrema izquierda- el proyecto de Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario. La ratificación de esta norma por parte del Europarlamento -que ahora deberá transponer a su legislación el Gobierno de España- pretende poner coto al poder de las grandes distribuidoras sobre los pequeños productores agrarios, lo que servirá para evitar el hundimiento de los precios en el campo.
Se trata sin duda de una gran noticia muy espera por el sector hortofrutícola -sobre todo el citrícola- tras sufrir durante décadas la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones al recibir precios irrisorios por la fruta que luego se vende muy por encima de la obtenida en origen. En el ámbito del viejo continente, según datos del COPA-Cogeca, el 21% del precio de un producto va para el agricultor o ganadero, el 28% para la transformación y el 51% para la distribución, controlada por las grandes centrales de compras en manos de hipermercados y supermercados europeos.
Protegerá a los más pequeños
El acuerdo alcanzado, según constata la nueva Directiva, se aplicará a cualquier empresa que participe en la cadena de suministro de alimentos con un volumen de negocios de hasta 350 millones de euros; por debajo de ese umbral, se ofrecerán diferentes niveles de protección. Las nuevas normas se aplicarán a minoristas, empresas de transformación de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores (incluidas las cooperativas), o a pequeños productores que se vean perjudicados por alguna de las prácticas comerciales desleales detectadas. El refuerzo de protección a los proveedores más pequeños se amplía agrupando a todos los operadores en seis categorías, en función de su volumen de negocio, según constata la modificación del proyecto de Directiva que aprobó la Comisión y el Consejo de la Unión Europea. La nueva legislación europea regulará los productos agrícolas y alimenticios que se comercializan en la cadena de suministro de alimentos y prohibirá por primera vez hasta 16 prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes.
Prohibiciones
El nuevo marco concede a los Estados miembros la autoridad necesaria para «hacer cumplir la nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de infracciones constatadas», asegura el texto.
Entre las prácticas comerciales desleales que deben prohibirse están las demoras en los pagos de productos alimenticios perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos, la obligación de que el proveedor se haga cargo de los gastos de los productos echados a perder y
el rechazo de los contratos escritos. Y entre las prácticas que «solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes» figura la de que un comprador devuelva productos alimenticios no vendidos al proveedor; que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios, o que un proveedor corra con los gastos de una campaña de promoción publicitaria o de comercialización de un comprador.
Y otra cuestión muy importante. Indica la Directiva que «la aplicación de estas normas no se traducirá en unos precios más altos para los consumidores».
