La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) expresó ayer su «apoyo» a la empresa LafargeHolcim, después de que el Consell haya declarado Paraje Natural Municipal la montaña Romeu de Sagunt, una decisión que según la cementera «pone en peligro» su continuidad, dado que la fábrica requiere una «ampliación en la zona norte que ocupa una pequeña parte del paraje natural».
Para la CEV, este decreto «vuelve a poner en duda la seguridad jurídica que se presupone» en la Comunitat Valenciana, cuando «es tarea de gobiernos y administraciones garantizar un marco de absoluta seguridad jurídica que favorezca, y no dificulte, la actividad de las empresas y las inversiones en nuestro territorio», subrayó.
La patronal valenciana comparte así la «preocupación» de la empresa LafargeHolcim ante la decisión adoptada por el Consell y advierte que «puede derivar en unas consecuencias negativas que esta comunidad no puede permitirse». En este sentido, apunta que «el decreto condicionará a medio plazo la viabilidad de una empresa que, implantada hace más de 69 años en Sagunt, genera más de seiscientos empleos directos e indirectos».
CC OO PV advitirtió de que «no parece adecuado» que el Consell haya aprobado la declaración de paraje «sin acordar el equilibrio entre la protección medioambiental y las consecuencias sobre el empleo, directo e indirecto».
Ante esta situación CC OO PV insta a convocar «una mesa específica de diálogo social de carácter tripartito, en la que se aborden con compromisos, calendarios, inversiones y transparencia, las medidas encaminadas hacia la transición justa de esta actividad a otra nueva, conjugando la protección medioambiental con la formación específica y preservando el actual volumen de puestos de trabajo».
Para el sindicato la protección medioambiental de la montaña Romeu de Sagunt «es fundamental» pero «debe ser compatible con la protección de los derechos laborales y sociales, medioambientales y económicos».
La presidenta de la Asociación de Empresarios de El Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed, lamentó que «en ningún momento se han tenido en cuenta los derechos que la empresa tiene adquiridos. Es triste que haya ganado la presión de unos pocos, frente a la seguridad jurídica y los puestos de trabajo de 600 personas. Ahora las empresas ya saben lo poco garantista que es este equipo de gobierno», declaró.
