La recuperación económica es un hecho. La devaluación interna, que junto con la caída del petróleo y el abaratamiento del euro impulsaron las exportaciones; el turismo y el aumento del consumo interno y la inversión han permitido que tanto España como la Comunitat Valenciana recuperaran en 2017 el nivel de PIB previo al estallido de la recesión. Sin embargo, las condiciones sociales que emergen tras esta década de profunda crisis distan mucho de las que había en 2008. La desigualdad se ha incrementado, el nivel de paro sigue en niveles desproporcionados y, por si fuera poco, todo apunta a que se está «reproduciendo el modelo de crecimiento con baja capacidad de innovación» y, por tanto, de baja productividad que provocó que la caída fuera mucho mayor que en otros países.
Ésas son las principales conclusiones a las que llegan los autores del dosier «La economía alicantina tras la Gran Recesión» que mañana presentan Información -perteneciente a Prensa Ibérica, como Levante-EMV- y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, en colaboración con Caja Rural Central. El mayor análisis de la evolución de la provincia y del conjunto de España entre los años 2014 y 2018.
Crecimiento
Así,el trabajo expone que, tras la fuerte caída registrada entre los años 2008 y 2013 -en que España llegó a perder más de 8 puntos de PIB-, los cuatro años consecutivos de crecimiento han llevado ya el nivel global de riqueza por encima del que había hace una década en los dos ámbitos. En concreto, el PIB español rozó en 2018 los 1,17 billones de euros por los 1,12 de hace diez años. Sin embargo, pese a esta recuperación nominal, la economía sigue mostrando unos problemas más que evidentes, como exponen en el primer capítulo del dosier el director del Instituto de Economía, Antonio Escudero, y la catedrática Paloma Taltavull.
El primero es el estancamiento o bajo crecimiento de la productividad por empleado, tras la mejora que se produjo durante los años centrales de la crisis. Una mejora, eso sí, que sólo se debió a la destrucción de aquellos empleos marginales y de menor valía. El segundo problema es la persistencia de una tasa de paro del 14,5%, muy por encima del 8,2% de hace una década, en la que, además, casi la mitad de los desempleados son de larga duración. A ello hay que sumar la baja calidad del empleo que se genera, con un 27% de temporalidad, la mayor tasa de toda la Unión Europea.
Una precariedad que tira a la baja de los salarios y desincentiva la formación de los empleados, lo que está muy relacionado con el tercer gran déficit que arrastra la recuperación -el aumento de la desigualdad-, ya que, como señalan los autores del informe, los salarios son la principal vía de distribución de la riqueza.
Así, si hace una década el 20% más pudiente de la población acumulaba una renta 5,5 veces superior a la del 20% más pobre, en la actualidad ese multiplicador es de 6,5. Un problema que se agrava en la Comunitat Valenciana, donde las clases desfavorecidas son aún más pobres que la media nacional y la falta de recursos de la Generalitat por la infrafinanciación complica que se les asista, según el documento.
El dosier va más allá de la simple constatación de la realidad y también contiene las medidas que aplicarían los expertos que han participado en su elaboración para corregir estos problemas. Así, para paliar la baja productividad, los autores destacan la necesidad de abrazar definitivamente la Economía del Conocimiento, que mejore la eficiencia de todos los sectores y permita elevar los sueldos. A este respecto, recalcan que España ya cuenta con el capital humano necesario -a pesar de la caída de la cifra de investigadores por la fuga de cerebros de los últimos años- y apuntan que el gran lastre es la falta de inversión en I+D. España apenas dedica un 1,1% de su PIB, muy por debajo del 2% que fija como objetivo la UE o de las cifras de países como Alemania.
Déficit inversor
En el caso de la Comunitat Valenciana aún es peor, ya que la inversión es de sólo el 0,9%. Además, dejan claro que el principal déficit inversor se produce en el sector privado: son las empresas las que no gastan en innovación. Frente a ello, proponen un gran pacto de Estado, que blinde un nivel adecuado de inversión. Además, respaldan el cambio de modelo propugnado por el actual Consell y también la iniciativa del Distrito Digital. En el terreno laboral, abogan por perseguir el fraude en la contratación laboral y por reformas que acaben con la temporalidad, eso sí, sin ponerse de acuerdo sobre el contrato único.
Por último, frente a la desigualdad, destacan la necesidad de aumentar el gasto social, para lo que, además de combatir el fraude, plantean un aumento de la presión fiscal, ya que consideran que en España queda margen para ello.
