23 de marzo de 2019
23.03.2019
Movilidad

El Consell pone la directa para restringir la actividad de Uber

La Abogacía da el beneplácito al decreto que obliga a contratar con 15 minutos de antelación y será aprobado el viernes

22.03.2019 | 22:10
El Consell pone la directa para restringir la actividad de Uber

El decreto de la Conselleria de Transporte para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) seguirá su tramitación y se aprobará en la próxima reunión del Consell, tras haber obtenido el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat.

El texto obligará a contratar los VTC en la C. Valenciana con una antelación de quince minutos y habilitará a los ayuntamientos a elevar este tiempo, una medida idéntica a la aprobada en Cataluña. El Ayuntamiento de València, de hecho, ya ha mostrado su disposición a ampliar a una hora ese plazo.

Las plataformas tecnológicas Uber y Cabify compiten con el taxi en València (y España) a través de los vehículos con estas licencias VTC. Ya han advertido de que si se fijan estas restricciones, abandonarán la operativa en la capital.

Superado este trámite, el Consell pretende ahora aprobar el decreto en el próximo pleno. El siguiente paso, el último, será su convalidación parlamentaria. Pese a que la legislatura está a punto de terminar se cuenta con que pueda abordarse en la diputación permanente de las Corts. Esa comisión decidirá si se tramita como un proyecto de ley.

Pese a que organismos jurídicos como el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya o la Comisión de Competencia de la C. Valenciana han puesto pegas a estas regulaciones, la Abogacía da su aval a la norma. Considera que se dan razones de «extraordinaria y urgente necesidad» para la utilización del Decreto Ley para hacer frente a una coyuntura económica problemática, como la regulación de los VTC.

En cuanto a las eventuales responsabilidades patrimoniales, el informe asegura que «no concurren ninguno de los supuestos» que contempla la legislación para su reclamación, con lo que cabe entender que el marco legal establecido no ha de suponer obligaciones indemnizatorias para la Generalitat. La patronal de empresas de VTC ya ha advertido de que interpondrá una demanda por 166 millones por el lucro cesante del negocio.

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