El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha decidido aplazar la sentencia que debe decidir si el rechazo de 2016 al proyecto original de Puerto Mediterráneo se hizo acorde a la ley. El promotor británico Intu, que lleva desde 2011 tratando de establecer en Paterna un gran centro comercial y de ocio, presentó una demanda de 300 millones al entender que aquella decisión no se ajustaba a Derecho.
El contencioso, interpuesto en diciembre de 2016, ha tenido una tramitación más rápida de lo esperada. Tras finalizar la fase de conclusiones, quedó fijada para el pasado 20 de marzo la votación y fallo del recurso. El calendario judicial habría provocado que el proyecto estallara en plena precampaña electoral una iniciativa empresarial que ha generado grandes tensiones entre los socios del Botànic, PSPV y Compromís, básicamente por la oposición frontal del partido de Mónica Oltra.
Inesperadamente, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no tomó ninguna decisión. Según la providencia enviada a las partes y a la que ha tenido acceso este diario, se acuerda abordar el tema más adelante junto con otros asuntos en los que se impugna la misma resolución administrativa aquí recurrida.
Dicha resolución, firmada por la consellera de Territorio, María José Salvador, y en la que se ponía fin a la tramitación de Puerto Mediterráneo, no estuvo exenta de controversia. La Comisión de Evaluación Ambiental, un órgano formado por técnicos y altos cargos de la consellerias de Medio Ambiente y de Territorio, informó desfavorablemente del proyecto en septiembre de 2016. Lo hizo con un argumento clave: un informe que señalaba que el ámbito de actuación debía guardar al menos una distancia de cien metros respecto a la cercana autovía CV-35.
Sin embargo, la misma administración había dado un año antes, en 2015 (bajo control del PP, antes del cambio de Consell), el visto bueno al proyecto que solo mantenía como zona de servidumbre una franja de 50 metros. Para justificar el cambio de criterio, la administración apelaba a un cambio de la ley de Carreteras en 2006, que obliga a reservar esa mayor distancia.
La conselleria no atendió las alegaciones del promotor, que tachaba el acuerdo de «erróneo y arbitrario, vulnerando los principios de seguridad jurídica y con- fianza legítima con la Administra- ción». El conflicto ha marcado toda la legislatura, y ha motivado incluso la protesta del embajador británico en España. Además, otras consellerias como Economía y Medio Ambiente han puesto en marcha proyectos normativos que harían incompatible un centro comercial como el de Intu.
Pese a todo, la joint venture entre el fondo español Eurofund y el operador de centros comerciales británico, retomó la iniciativa para no perder tiempo a la espera del veredicto de la justicia. El pasado verano, el grupo presentó una nueva versión del proyecto, esta vez redimensionado, con menor tamaño, precisamente para solventar el escollo de la Comisión de Evaluación Ambiental y ampliando la distancia con la autovía.
Sin embargo, eso tampoco ha evitado que la administración ponga de nuevo contra las cuerdas el proyecto. La Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat ha estado a punto de bloquear la tramitación de este segundo intento, alegando que es análogo al primero y que también se ocupa la zona de servidumbre de la CV35 con el desvío de un barranco. El promotor consiguió in extremis un plazo de tres meses para subsanar las deficiencias señaladas.
