A la espera de que se resuelvan todos los recursos y la nueva juezz instructora María Tardón fije fecha para el juicio, la Audiencia Nacional ya ha iniciado el procedimiento de embargo preventivo contra los exconsejeros de Bancaja imputados en la denominada operación Grand Coral en el Caribe mexicano, que supuestamente generó a la entidad y su filial el Banco de Valencia un agujero de 750 millones de euros. No todos los exvocales se encuentran todavía en la misma situación, según las fuentes consultadas por este diario, porque a algunos aún no les han embargado sus bienes para hacer frente a una fianza solidaria -junto a otras trece personas, empresarios y directivos de ambas firmas financieras- de 392 millones de euros.
Uno de los exvocales a los que ya les han aplicado el embargo preventivo y que pidió anonimato aseguró que la jueza de la Audiencia le ha bloqueado todos sus bienes. Solo puede disponer cada mes de mil euros de su cuenta corriente y con ese dinero tiene que hacer frente a todos sus gastos, desde la alimentación a las facturas del gas, el agua, la electricidad o el teléfono. No puede hacer uso de tarjetas de crédito y todos sus bienes inmuebles los tiene inmobilizados en un registro.
Aunque este consejero, como otros a los que aún no se les ha aplicado la citada medida, confían en salir indemnes del juicio, apuntan que tienen por delante unos dos años con sus ingresos bloqueados, aunque la medida no afecta a sus familiares. Y es que la Audiencia debe resolver todavía los recursos presentados por los ocho vocales que la sección cuarta de la sala penal del citado organismo exoneró de ir a juicio y que Tardón los incluyó de nuevo más tarde. Los exvocales creen que el juicio no se celebrará hasta 2020 y la sentencia no se conocerá hasta 2021.
