El plan trazado por el Gobierno para el cierre progresivo de todas las centrales nucleares españolas establece que Cofrentes dejará de producir electricidad en noviembre de 2030. La central nuclear, propiedad al 100 % de Iberdrola, entró en operación en marzo de 1985 y tendrá que pedir una prórroga para seguir operando.
Todas las centrales nucleares españolas han emprendido un camino hacia su cierre total en 2035. El Estado constituyó hace treinta años la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos SA (Enresa), que es la encargada del desmantelamiento de las centrales nucleares. En torno al 20 % de la generación eléctrica nacional proviene de siete reactores nucleares que permanecen en activo y que están a punto de cumplir su vida útil. Las siete plantas en activo son Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Trillo y Cofrentes. Vandellós I cerró en 1989 y Enresa terminará de desmontar Zorita (la primera central española) en 2020.
Los operadores deberán realizar una inversión mínima de entre 3.200 y 3.500 millones de euros en seguridad y reposición de equipos para prolongar la vida útil de las plantas. El proceso de desmantelamiento es complejo. Durante los tres años posteriores a la parada total del reactor de Cofrentes, Iberdrola deberá realizar las tareas de predesmantelamiento (incluyendo la gestión del combustible gastado y el acondicionamiento de los residuos de operación) y tendrá que completar la documentación reglamentaria necesaria para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y para el traspaso de titularidad de la central a Enresa. Una vez traspasada la titularidad, Enresa desmantelará la planta en un proceso que se prolongará entre 7 y 10 años.
España, según un informe de PwC, no tiene capacidad de ejecutar de forma simultánea varios desmantelamientos ya que no hay ni suficiente personal especializado ni recursos.
