El pleno del Consell aprobó ayer el decreto ley que establece la convivencia entre taxis y VTC, y con el que la Comunitat Valenciana entra a formar parte de las cinco autonomías que ya regulan el servicio que realizan empresas como Uber y Cabify. Para Unauto, la patronal de las VTC, la normativa supone la expulsión del sector de la Comunitat Valenciana. El colectivo asegura que la regulación implica la destrucción de más de 500 empleos más «los cientos» previstos para los próximos meses e indemnizaciones de 166 millones de euros a los titulares de las autorizaciones de VTC.
Entre las cláusulas del Consell que ponen coto al servicio de movilidad, se establece la obligación de contratar el vehículo con 15 minutos de antelación y se prohíbe a Uber y Cabify recoger en la calle a clientes que no hayan solicitado previamente el servicio. Asimismo, se veta tanto el uso de herramientas de geolocalización para captar clientes como estacionar en la calle.
En una rueda de prensa junto a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, explicó que el decreto ley llega tras la obtención de los informes favorables de la Abogacía de la Generalitat y será la diputación permanente de las Corts quien dé luz verde a su aplicación. La Generalitat busca así «equilibrar» la prestación de servicios y garantizar un espacio de convivencia entre las 4.690 licencias de taxi y las 367 de VTC que operan en València. Salvador destacó que la conflictividad que ha habido en Barcelona no se ajusta a la realidad valenciana. En este sentido, recordó que el decreto deja margen de maniobra a los ayuntamientos para que cada uno pueda adaptar la norma a su propia realidad.
El presidente de Unauto Valencia, Ricardo González, lamentó que «la presión del taxi ha vuelto a funcionar y siguiendo el ejemplo catalán la Generalitat ha regulado contra la creación de empleo y la libertad de elección del ciudadano»
Respecto a la nueva normativa, María José Salvador incidió en que deberá quedar constancia de la contratación de los servicios en un registro de comunicaciones, con excepción de los que se deban realizar de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera.
Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes. El decreto impide el uso de la geolocalización, una herramienta que permite a los clientes a través del móvil saber dónde se encuentra el vehículo.
Tampoco se autoriza el estacionamiento en las vías públicas por lo que los vehículos deberán aparcar en garajes o zonas fuera de la propia vía pública. Además, no podrán estacionar en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio o instalaciones deportivas.
Unauto considera que el decreto puede ser inconstitucional al ir contra el artículo 38 de la Constitución sobre la libertad de empresa. La patronal de las VTC señala que el plazo de aplicación de dos meses establecido por el Consell «es posponer el problema» pero permitirá a las empresas seguir operando durante ese tiempo mientras los conductores buscan otro empleo.
El presidente nacional de Unauto, Eduardo Martín, remitió ayer a Levante-EMV una carta abierta dirigida al presidente de la Generalitat en la que lamenta que el decreto «anti-VTC atenta contra los principios más básicos de la competencia como ha puesto de relieve la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana en un informe demoledor contra la propuesta». Martín incide en que «la intención de imponer 15 minutos de precontratación» «supone una expropiación encubierta de las licencias que operan actualmente en València. Una expropiación con un coste de 160 millones de euros con cargo a las arcas públicas valencianas en forma de indemnizaciones. Un precio muy alto, ¿no cree?».
El representante de la patronal cierra la misiva lamentando que no han recibido respuesta a las alegaciones que han presentado y cuestiona que haya existido una voluntad real de atender a todas las partes. Como ayer informó este periódico, la normativa empuja a Uber y Cabify a dejar València. Las dos multinacionales todavía no se han pronunciado sobre qué van a hacer.
