En la Comunidad Valenciana se registraron 365.211 bajas laborales durante el año 2018, según cifra la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Durante dicho ejercicio, la Inspección Médica obligó a 440 empleados a volver a su puesto de trabajo, bien por tratarse de bajas fraudulentas, bien por una disparidad de criterio con el médico que concedió el permiso. A estas hay que sumarles las altas promovidas directamente por la inspección de la Seguridad Social.
Los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social revelan que en los últimos seis años se ha experimentado un aumento progresivo de nuevos procesos de incapacidad temporal. Aunque la cifra descendió durante los años de crisis, ha ido aumentando al compás de la recuperación económica. Si en 2012 alcanzaba 21 casos por cada mil afiliados a la Seguridad Social, en 2017 ascendió hasta 24 por cada mil. Este incremento se ha visto reflejado en un gasto en prestaciones que crece más de un 10% al año desde 2013 y que en 2017 llegó a los 7.586 millones de euros.
El delegado provincial del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, Hernán López, asociado a la agencia Detectives Levante, confirma que el principal mercado de actuación de estos investigadores en territorio alicantino se centra en el sector laboral. «Normalmente son personas que han presentado la baja a la empresa por algún tipo de lesión y nos encargan que hagamos un seguimiento puesto que tienen sospechas de que son fingidas y descubrimos que están trabajando en otro lugar en ‘B’ o están haciendo actividades que son contrarias al motivo de la baja», explica López, que cuenta con veinte años de experiencia en la provincia.
Esa es una realidad que de igual forma constata cada día Elena Miralles, asociada al despacho Detectives Alicante. La investigadora explica que se trabaja mucho en temas laborales para empresas, compañías aseguradoras y mutuas, entendiendo lo laboral en sentido amplio. Recurren a sus servicios tanto mercantiles que sospechan de algún empleado, como aseguradoras y también abogados al frente de casos relacionados con divorcios, custodia de menores y pagos por manutención de los hijos en común que al final derivan en averiguaciones relacionadas con empleos y prestaciones sociales. «Hay personas que supuestamente no trabajan por estar de baja o en paro y alegan que sólo perciben pensiones de 400 euros. Lo hacen para pasar una cantidad muy pequeña para el mantenimiento de los hijos. Cuando investigas muchas veces constatas que, en realidad, sí están trabajando jornadas enteras», subraya Miralles.
Compraventa de información
El encargo de averiguaciones vinculadas al sector empresarial se extiende igualmente al espionaje industrial. En ocasiones se produce de forma presencial, con empleados que traicionan a sus firmas y venden información a la competencia a cambio de dádivas. En otros casos los ataques se producen desde el exterior mediante el hackeo de dispositivos informáticos para acceder a diseños, ideas o proyectos. Organizaciones empresariales de la provincia de Alicante conocen este tipo de intromisiones ilegítimas y en alguna ocasión han pedido a sus asociados que protejan sus creaciones y estén atentos a posibles intrusos.
«La provincia de Alicante tiene un volumen de empresas importantes, muchas de ellas son fuertes a nivel nacional, y siempre se dan casos de empleados que están trabajando para la competencia y se producen fugas de información. Son investigaciones complejas, hay que detectar cómo se está escapando esa información y cómo el trabajador está sacando esos datos y facilitándolos a la otra mercantil», apunta Hernán López.
El detective recuerda como una de las indagaciones más laboriosas la que llevó a su equipo al realizar un seguimiento las 24 horas del día durante una semana a un trabajador del sector del calzado. Sus jefes sospechaban y las pruebas conseguidas lo delataron: «estaba pasando información a la competencia y durante una semana estuvimos detectando reuniones con la otra empresa y veíamos la manera en la que esta persona sacaba la información y quedaba para entregársela a la competencia más directa que tenía nuestro cliente», explica el investigador.
No son hechos desconocidos para Elena Miralles, que en sus más de 30 años de experiencia como detective ha trabajado en asuntos relacionados con delitos contra la propiedad industrial, falsificaciones, utilización indebida de marcas… «En nuestra provincia podemos hablar de plagios a nivel de bolsos, calzado, textil, juguetes… llevamos muchos temas de fugas de información o copia de sistemas de fabricación. A veces se nos requiere para hacer un estudio de mercado y en ocasiones, también, una investigación de carácter preventivo cuando se quiere usar una marca para conocer cuántos años hace que no se utiliza, si se usa a nivel internacional o nacional…», añade.
Paciencia, astucia y perseverancia son algunas de las claves para desarrollar una labor de investigación para la que están acreditados cerca de 160 profesionales en la Comunidad Valenciana. Es un trabajo discreto que tiene poco que ver con los estereotipos novelescos y cinematográficos que abundan en el imaginario colectivo a lo Humphrey Bogart. Ni gabardinas ni sombreros de ala ni llamativos métodos de camuflaje son utilizados porque lo que pretenden es precisamente lo contrario: pasar desapercibidos.
Las indagaciones comienzan en el propio despacho y Google es la primera fuente informativa. Las redes sociales nos hacen cada vez más visibles y aunque incluyamos filtros de privacidad, siempre habrá un familiar, amigo o compañero de trabajo que haga publicaciones en las que aparecemos. «La gente no es consciente de toda la información que vierte al minuto en internet. Nos dicen dónde están en cada momento, qué día van a ir a algún lugar, con quién se ven, lo que hacen… la gente publica su vida diaria con mucha facilidad», sostiene Hernán López. Y una vez se obtiene la información necesaria, comienzan en la mayoría de ocasiones los seguimientos para estudiar pautas y patrones de comportamiento.
«No tenemos ni horarios ni jornada laboral. Podemos empezar un día a las 5 de la mañana o a las 10, dependemos del investigado, de lo que haga, y si lo que está realizando es importante continuamos con él hasta que regrese a casa o hasta el sitio donde tenga que llegar. Podemos empezar en Alicante y terminar en Cádiz», añade el investigador, que admite que pasa horas y horas en el coche, conduciendo o esperando agazapado para acechar a su presa con el objetivo de su cámara. «Son muchas horas las que podemos estar de espera o detrás de una persona y los resultados no son inmediatos. También hace falta iniciativa porque a veces tienes que tomar decisiones en muy pocos segundos que pueden ser fundamentales para obtener la información que necesitas», añade.
Trabajar en equipo es otra de las claves de esta profesión. Se hace absolutamente necesario mimetizarse en un entorno que cambia cada día para pasar inadvertido en busca de las pruebas necesarias. También cambiar de coche de cuando en cuando para evitar ser reconocidos. «Es importante contar con ambos sexos en una agencia. En un momento dado un hombre puede levantar sospechas y una mujer no, o es preferible que vaya una pareja...», indica Naima B. Pérez, colaboradora de Detectives Alicante.
Tecnología punta
Cámaras de vídeo camufladas en gafas de sol, llaveros o bolsos, micrófonos poco más grandes que un grano de arroz, dispositivos de localización GPS o minigrabadoras son algunos de los elementos que ayudan en los rastreos y averiguaciones. Existen, pero ningún de los detectives muestra. Son sus herramientas más preciadas y cuanto menos gente las reconozca, mejor. La tecnología está de su parte en una sociedad cada vez más digitalizada y atrás quedan años en los que se comunicaban con walkies-talkies y tiraban de ingenio para ocultar grandes cámaras.
El límite para recabar las pruebas que necesitan lo marca la legislación española. Se trata de una profesión regulada por la ley de Seguridad Privada, reformada en el año 2014, y los carnés que los acreditan para trabajar, que son las tarjetas de identificación profesional, las expide el Ministerio del Interior. Antes de aceptar un trabajo tienen que acreditar que el cliente tiene un interés legítimo para recabar información sobre una determinada persona. Las pruebas que aportan son en muchas ocasiones fundamentales en procesos judiciales, de ahí que se den casos de intento de compra de voluntades.
«Muchas veces nos han propuesto negocios sucios, sobornarnos para hacer constar unos resultados diferentes en el informe. Cuando vemos temas turbios no cogemos la investigación. Si consideramos que son constitutivos de delito no es nuestra parcela, para eso está la Policía y la Guardia Civil», defiende Miralles. Es una profesión en la que también existen intrusos, aunque sus informes no son válidos como prueba ante un juez. «Contratar un detective colegiado es una garantía porque la prueba va a ser admitida en un juzgado de la Comunidad Valenciana», concluye López.
