Uber y Cabify, las dos plataformas tecnológicas que compiten con el taxi apoyándose en licencias de alquiler de coche con conductor (VTC), pueden tener los días contados en València. Tal como estaba previsto, el pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que regula la actividad de los vehículos VTC y que contempla, entre otras cosas, un tiempo de espera de 15 minutos entre la contratación del servicio y la recogida del pasajeros.

Este lapso de tiempo, y todo el decreto en general, ha sido fijado a imitación de la norma catalana, que ya ha motivado la salida de Uber de sus calles. Cabify, por contra, ha vuelto a poner sus vehículos en circulación en Barcelona, gracias a una interpretación sui géneris de la norma que le permite sortear esos 15 minutos de espera.

La norma, que prohíbe también a las VTC el uso de sistemas de geolocalización, cede a los ayuntamientos la capacidad para ampliar ese margen de tiempo. En este sentido, el Ayuntamiento de València ya ha anunciado su predisposición a fijar un plazo de una hora, tal como propone Barcelona.

Tal como viene apuntando la patronal Unauto (que agrupa a las empresas de vehículos con licencia VTC), con estos condicionantes la actividad de las plataformas resulta inviable. Lo advierten desde que trascendieron las intenciones de la conselleria. Desde Uber, consultados por este diario, apuntan que esperarán a conocer el texto definitivo del decreto, una vez se publique en el Diari Oficial, para tomar su decisión definitiva.

Aunque todo apunta a que el camino será el mismo que en Barcelona. La conselleria, de hecho, se va a dar prisa. Tras obtener el visto bueno de la Abogacía hace unos días, hoy será aprobado por el Consell. Y en pocos días, lo antes posible, entrará en vigor una vez se haga público en el DOGV.

En juego hay mucho dinero, de ahí que la patronal de empresas de licencias VTC haya puesto sobre la mesa la amenaza de una demandas de 166 millones. Si durante años estas tarjetas eran utilizadas por servicios VIP o limusinas, el desarrollo tecnológico agiliza la precontratación, ya que permite contratar un servicio a través de la app del móvil y recibirlo al instante. Aunque el taxi mantenga el monopolio de la recogida de pasajeros mano en alto en las calles, a través de la precontratación digital las VTC han dado un bocado al sector.

Por eso, y aprovechando la liberalización del mercado hace una década, algunos empresarios anticiparon el negocio y pidieron miles de licencias solo abonando una tasa administrativa. Por ellas se han pagado últimamente decenas de miles de euros en el mercado secundario. Empresarios locales y grandes fondos han apostado por este negocio en toda España.

Y ahora, las normas restrictivas abren la puerta a la petición de indemnizaciones. El decreto estatal establece una moratoria de cuatro años antes de que los ayuntamientos puedan sacar de circulación en sus ciudades estas licencias, y las empresas entienden que este cambio de condiciones va en contra de la ley. Se apoyan además en informes que avisan de posibles responsabilidades que recaerían sobre las arcas autonómicas.