El proceso de asunción de la multimillonaria deuda de Feria Valencia vuelve a dar un nuevo giro en su largo proceso. Ayer, en la comisión de seguimiento del protocolo -formada por dos representantes de la Generalitat (uno perteneciente a la Conselleria de Hacienda y otro a la de Economía), dos del consistorio y dos de la propia Feria- la institución dirigida por Vicent Soler propuso subrogarse la concesión municipal de los edificios de Feria Valencia hasta 2051 en compensación por la asunción de la deuda de la institución ferial por parte de la Generalitat.

Este pasivo, cuya suma total asciende en la actualidad -según fuentes de la Conselleria de Hacienda- a 480 millones de euros, proviene de los 527 pedidos en créditos para la financiación de las obras de ampliación. Por ello, según la propuesta y como compensación, la Generalitat obtendría la concesión de los edificios de Feria Valencia, una acción que debería efectuarse por el ayuntamiento de la capital del Turia, actor que no está de acuerdo en la cesión de los mismos.

Así lo expresaron fuentes del Ayuntamiento de València, recalcando que en la comisión de ayer no se contempló «la posibilidad de ceder ninguna propiedad, ni se ha abordado modificar protocolo alguno, ni transformar la personalidad jurídica de la Feria», por lo que Generalitat, Ayuntamiento y Feria Valencia «siguen trabajando» para «mejorar las perspectivas» del recinto económico valenciano.

Esta ruta propuesta por Hacienda, además, se enmarca dentro del protocolo administrativo firmado por Feria Valencia, las Consellerias de Hacienda y Economía y el Ayuntamiento de València para la reestructuración del organismo que data del 5 de julio de 2017. Así, según la propuesta de la conselleria del PSPV, la feria tendría que renunciar primero a la concesión para que la Generalitat Valenciana pueda subrogarla. Después, la institución autonómica firmaría un contrato de arrendamiento a Feria Valencia para el uso de los edificios y, paralelamente, evitaría que se interrumpiera su actividad.

Este punto también inquieta al consistorio valenciano, quien aseguró ayer que «tiene la convicción de que no se puede paralizar la tranformación de Feria Valencia», debido a que la entidad «es un motor económico» para la ciudad, por lo que considera que se debe seguir trabajando «en el marco del acuerdo unánime» de julio de 2017.

Estudiar su viabilidad

Otro aspecto por el que no coinciden ni al Ayuntamiento de València ni otras fuentes conocedoras del proceso es la viabilidad de la propuesta socialista. Según alcaldía, «algunos puntos de la hoja de ruta podrían ser inviables jurídicamente», lo que impediría que esta iniciativa siguiera adelante.

Por su parte, otras fuentes conocedoras del proceso de Feria Valencia también insistieron en que antes de valorarla «hay que estudiar su viabilidad técnica y jurídica», para lo cual habrá que «comprobar algunas cuestiones». Esto niega que la propuesta pueda llevarse al patronato durante el próximo mes de mayo, como era intención de la Conselleria de Hacienda.

Pendiente de FSA

Sin embargo, esta propuesta tiene otro impedimento: la dotación de 80 millones de euros pendiente a la aseguradora Financial Services Authority (FSA). Como ya informó Levante-EMV el pasado diciembre, la entidad londinense exige que se realice esta dotación para cubrir, en una cuenta de reserva, la cantidad que correspondería devolver a estas alturas por un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) -cuyo importe asciende a 97,5 millones-, así como la emisión de obligaciones por 227,5 millones, las dos vías principales con las que se financió la ampliación de la entidad ferial.