Anunció nuevas acciones legales para defender sus derechos en Sagunt y las ha emprendido. La multinacional LafargeHolcim ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la reciente protección de casi 276 hectáreas de monte público que lindan con su cantera al considerar que ese decreto del Consell «cercena de lleno» sus derechos mineros sobre parte de esos terrenos, al impedir allí los usos extractivos.

La cementera asegura haber optado por llevar el caso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo «ante la gravedad que conlleva para la compañía» esta medida «sin posibilidad de consensuar ninguna otra alternativa por falta de diálogo del actual equipo de gobierno de este ayuntamiento». Así lo aseguraba ayer en un comunicado donde lanzaba más críticas al gobierno municipal «encabezado por Quico Fernández de Compromís», al creer que fueron «sus presiones» las que llevaron al Consell a proteger el paraje en los términos que lo ha hecho, es decir, sin permitir en ellos la futura ampliación de la cantera.

Además de recordar que esta posibilidad de expansión «garantiza la viabilidad de la empresa y la continuidad de 650 puestos de trabajo en Sagunto», la firma insiste en que ese decreto «cercena de lleno los derechos otorgados a la compañía por las administraciones autonómica y municipal, que han sido base y fundamento para la implantación y desarrollo de su actividad industrial en Sagunto y origen directo de las importantes inversiones financieras llevadas a cabo en estos últimos años, e incumple los compromisos firmados por estas administraciones con LafargeHolcim», asegura.

Junto a ello lamenta que «a lo largo del proceso seguido por la Generalitat Valenciana, se han formulado sucesivas alegaciones que han puesto de manifiesto la inseguridad jurídica presente durante su instrucción y las fuertes presiones políticas recibidas desde el Ayuntamiento de Sagunto para la aprobación del Paraje Natural Municipal de cara a las próximas elecciones municipales, así como, el incumplimiento de un Convenio que fue ratificado por la mayoría del pleno del Ayuntamiento celebrado en 2013 que hacía compatible la protección del enclave del Romeu y el mantenimiento de empleo estable en la comarca», decía en relación a un documento que, según el gobierno municipal, fue superado por una sentencia posterior.