Aunque desde 2017 la economía valenciana ha recuperado el nivel de PIB previo a la crisis económica, pocos son los hogares que realmente pueden asegurar que su situación es la misma que entonces. Una de las consecuencias más evidentes de la recesión ha sido el divorcio que se ha producido entre la evolución de los precios y los ingresos de los hogares, lo que se ha traducido en una merma del poder adquisitivo real de las familias. Una situación que se ve agravada, además, por el hecho de que son los suministros básicos y los servicios públicos lo que más se han encarecido en este tiempo, dejando aún menos dinero en los bolsillos de los ciudadanos.
Basta comparar algunos datos para darse cuenta de lo ocurrido. Aunque la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo el periodo -ya que en los primeros años de la recesión los sueldos siguieron subiendo, empezaron a bajar a partir de 2011 y ahora vuelven a recuperarse-, el resultado final es que el salario medio declarado en la autonomía era en 2017 un 5,2% superior al de diez años antes, según la Agencia Tributaria. Sin embargo, en el mismo tiempo la inflación acumulada sumó el 14,4%, y, si se tiene en cuenta su posterior evolución hasta marzo de este mismo año, ya alcanza el 17,3%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En resumen, que los precios han subido alrededor del triple que los salarios.
Sin embargo, este incremento ha sido muy distinto en función de los bienes y servicios que se analicen. Así, con independencia del tabaco -el producto más inflacionista de este periodo, con una subida del 86,8%, en gran parte ocasionada por los aumentos impositivos para desincentivar su consumo- son los servicios públicos o los suministros básicos los que más se han encarecido. Por ejemplo, el coste de los servicios postales se ha incrementado más de un 60% desde el año 2007; las tasas universitarias, suman un 58,3% más; la electricidad y el gas acumulan un alza 43,1%; el suministro de agua, con los gastos de saneamiento que incluye el recibo, otro 41,6%; los transportes, un 38,3% o los seguros, al 37,9%, según el INE.
Adiós a la clase media
Con estas cifras, la subida del precio de los alimentos, de algo más de un 19%, parece incluso moderada. Y el problema, como apuntan los expertos consultados, es que el peso de estas partidas básicas es mayor en los presupuestos de las familias de clase más modesta que en aquellas que viven una situación más desahogada. O, dicho de otra forma, que la subida del recibo de la luz se nota más en el bolsillo del que gana 800 euros, que en aquel que ingresa 5.000.
«Es una realidad que el poder adquisitivo de las familias ha mermado en este tiempo y que se ha registrado un aumento de los niveles de pobreza en detrimento de las clases medias», señala la catedrática y miembro del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, que recuerda que esta tendencia ha sido aún más acusada en la Comunitat Valenciana. Al respecto, Taltavull relaciona estas fuertes subidas de la energía con la evolución del petróleo durante estos años pero también, en el caso de la luz, con el sistema de tarificación que se utiliza en España y que supone que más de la mitad del recibo son costes fijos con los que, entre otras cosas, «se pagan las inversiones que se realizaron durante la década anterior».
Una nueva pobreza
Sea como fuere, en los últimos años hemos asistido al nacimiento de una nueva pobreza - la energética-, un tipo que se refiere a aquellos hogares con dificultades para abonar la factura de la electricidad u otros suministros del hogar. Así, en mayor o menor medida, casi 190.000 hogares en la autonomía no pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
Más allá de este caso concreto, el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elx, José María Gómez Gras, observa una relación entre la evolución de los precios de cada sector y el nivel de competencia que tienen. «En aquellos productos donde hay una competencia real, el coste tiende a ajustarse al mercado, al bolsillo del consumidor. Si la competencia es menor o se trata de un sector más regulado, se produce una mayor divergencia», explica el experto.
Así se explica que el calzado o los automóviles presenten incrementos de precio por debajo de la media del IPC -del 11,15% y el 7,32%, respectivamente- o que la ropa sea incluso algo más barata que en 2007. En concreto, ahora cuesta un 1,08% menos que hace 12 años.
