La Conselleria de Economía está incumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana que anula la bajada de tarifas de ITV que decretó el Consell de Fabra en 2014, y que supuso un descenso de cerca de diez euros a las inspecciones de los vehículos diésel. El tribunal anuló aquel acuerdo el 30 de mayo de 2017. Básicamente, entendió que aquel acuerdo que rebajaba las pruebas de contaminantes y la del ruido se realizó sin el respaldo de un informe económico financiero.
El Botànic, que aspiraba de hecho a bajar más todavía los precios, se encontró a mitad de legislatura con este mazazo y recurrió el fallo. Fue rechazado, y trató de dilatarlo aún más con un incidente de nulidad. Tampoco prosperó. De este modo, el equipo de Rafa Climent ha llegado al final de la legislatura, es decir, a la campaña electoral, con la patata caliente de tener que hacer pública la sentencia en el DOGV y cumplir lo que estipula.
En este punto, la Abogacía de la Generalitat recordaba en un informe el pasado marzo que «el plazo que la administración tiene para ejecutar la citada sentencia es de dos meses desde la notificación». Los servicios jurídicos del Consell entienden que el contador se puso en marcha el pasado 19 de febrero, cuando el TSJ notificó la firmeza de la sentencia mediante una providencia de ordenación.
Para las empresas concesionarias del servicio de ITV, en realidad, el fallo es firme desde el pasado verano, cuando el Supremo rechazó el recurso del Consell. De un modo u otro, la Generalitat está incumpliendo el plazo de ejecución voluntaria, al haber pasado ya dos meses desde la notificación del 19 de febrero.
Aquella sentencia, que es aplicable a todas las estaciones de inspección de la C. Valenciana, no anula todos los precios. Se rebajó la tarifa de comprobación sonora de 9,29 a 2,48 euros. Y la de contaminantes, solo para los diésel, de 17,90 a 15,15 euros. En total, los diésel pagan 9,56 euros menos desde 2014.
Desde que se conoció la sentencia, las concesionarias de ITV están presionando no ya solo para volver al marco tarifario anterior, sino también para obtener una reclamación patrimonial de unos 80 millones. La patronal sostiene que su derecho al reintegro del dinero no ingresado arranca en marzo de 2014, el día en que entró en vigor la rebaja que ha sido anulada. La Abogacía, sin embargo, responde que solo es a partir de la firmeza de la sentencia, es decir, el pasado 19 de febrero de 2019, cuando empieza a ser efectivo el derecho a indemnización. Según la patronal, cada mes crece en 1,3 millones la cantidad que adeuda la administración.
En paralelo a esto, la propia conselleria trabaja en un nuevo marco tarifario para ajustar los precios actuales. Es su forma de dejar la sentencia en papel mojado. La propuesta, que está lista para publicarse, supone una rebaja a los diésel de los actuales 55,74 euros a 51,16 (un 8% menos), y una subida de 44,39 a 47,08 euros a los gasolina (un 6% más). La intención de Economía es ponerla en marcha inmediatamente después de la publicación del fallo, para minimizar su impacto.
Precisamente, Compromís ha metido las ITV en campaña al anunciar que recuperará la gestión pública de la ITV cuando termine el actual concurso, en 2022. Una medida que vincula a los casos de presunta corrupción del PP en el proceso de privatización.
