El largo reinado ejecutivo de Domingo Parra en el Banco de Valencia, cortado en seco cuando dimitió en octubre de 2011, un mes antes de que la entidad fuera intervenida, vivió ayer un nuevo descenso a los infiernos cuando la Audiencia Nacional le condenó, por segunda vez en dos meses, por su gestión del negocio inmobiliario como consejero delegado de la entidad. Esta vez ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito continuado de administración desleal en varias macrooperaciones urbanísticas financiadas por el banco que causaron un perjuicio probado de 198 millones de euros.
Las penas para los otros encausados, considerados cómplices, han sido significativamente inferiores: seis meses de prisión para el exdirector de participadas del Banco de Valencia, Alfonso Monferrer, y cuatro meses para el empresario Salvador Vila y para el expresidente del Valencia club de fútbol, Juan Bautista Soler. El notario valenciano Carlos Pascual y los empresarios Fernando Polanco y Teresa Villalba han sido absueltos de los delitos de administración desleal y blanqueo de capitales del que les acusaba la fiscalía.
La sentencia establece una elevada responsabilidad civil para los condenados. En total, casi 420 millones de euros. Parra y Monferrer deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a CaixaBank con 168,2 millones. Vila tendrá que hacer frente a 119,2 millones, mientras que a Soler le corresponden 130,7. El tribunal declara como responsables subsidiarias a las sociedades Nou Litoral, Salvador Vila SL y Urbanas del Levante.
El dinero lo recibirá CaixaBank porque a finales de 2012 le fue adjudicado el Banco de Valencia por parte del fondo público Frob a cambio de un euro y tras la inyección de 5.500 millones por parte de los contribuyentes para sanear la entidad valenciana. La sentencia justifica su decisión en que «el Frob en este procedimiento no es el directamente perjudicado por la conducta ilícita de los acusados, sino que quien realmente lo es, o lo fue, era el Banco de Valencia, a quien sucedió universalmente» CaixaBank, sin que ello suprima el derecho de repetición que podría invocar el Frob por el dinero público que inyectó en el saneamiento del Banco de Valencia.
La causa parte de la querella interpuesta en 2013 por el Frob, en la que se alegaba que la «conducta abusiva» con la que Parra buscaba obtener un «lucro ilícito» a favor de sus socios, le había supuesto al organismo un agujero de 160,5 millones. Según la sentencia, las macrooperaciones que Parra llevó a cabo con tales compañías fueron realizadas «sin seguir los protocolos establecidos por el Banco de Valencia y sin seguir las recomendaciones que había hecho el Banco de España». Así pues, bajo su control no se analizaron «debidamente y con un mínimo rigor» tales inversiones, que dejaron un perjuicio patrimonial en las distintas macrooperaciones de 90,4 millones, 77,8 millones y 29,8 millones, estos últimos correspondientes a la operación Faverch Desarrollos de la que han quedado absueltos Pascual, Polanco y Villalba.
En concreto, la sección primera de la sala de lo Penal subraya que no se percibió de «forma diligente y debida» el riesgo que podrían conllevar estas operaciones «altamente arriesgadas» al no estudiar las posibilidades de reembolso de los socios, a los que no se les exigieron garantías suficientes.
