En un escenario lleno de dudas es en el que se encuentra gran parte de las empresas españolas y de la provincia sobre la aplicación del registro de la jornada laboral a tan sólo cinco días de que esta medida entre en vigor, a raíz de la aprobación del Real Decreto aprobado por el Gobierno antes de los comicios, en los denominados «viernes electorales», con el que se pretende luchar contra el fraude laboral y controlar las horas extraordinarias.
Las empresas tienen clara la fecha de implantación, el 12 de mayo, y la obligatoriedad de aplicar el registro diario del horario de entrada y salida firmado por cada empleado. Además, saben que, si la Inspección de Trabajo detecta incumplimientos, ello implicaría multas que irían desde los 650 euros hasta los más de 6.000. El problema lo encuentran en la aplicación. «Sabemos el cuándo y qué se exige, pero no sabemos cómo hacerlo», coincidían ayer varios empresarios provinciales consultados. Las mayores dificultades se derivan de las diferentes casuísticas y flexibilidad que presentan los diversos trabajos en cada empresa y en cada sector.
Desde la hoja de papel a la app
Hay compañías o actividades, como parte de la industria o las oficinas, donde se aplican medidas de control horario, ya sean telemáticamente, a través de apps, o con la tradicional hoja de papel en la que el trabajador firma a la entrada o salida del trabajo. Pero hay otras empresas donde hay personas que realizan sus tareas fuera del centro de trabajo, como repartidores, comerciales, instaladores en obras o proyectos, empleados que hacen teletrabajo o funcionan por objetivos. «¿Y cómo se aplica el control horario al trabajador que está desplazado fuera de la provincia o de España?», se preguntaban Vicente Lafuente, vicepresidente de Cepyme a nivel nacional, o fuentes de la patronal autonómica CEV, aludiendo a las complejidades que entrañan en algunos casos la aplicación de la norma.
1,3 millones
De horas extraordinariasCC OO-PV estima que en la Comunidad se realizan cada semana 1,3 millones de horas extra, entre las que se pagan y no se abonan, con datos de la EPA de 2018. Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de esta central, incide en que «si se eliminaran se crearían 33.000 empleos estables».
Lafuente, también presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, Femeval, añadía que, «sobre todo, a las pymes y micropymes, esto les supone más carga burocrática que les va a impedir desarrollar al 100% su actividad». De hecho, el representante de las pymes plantea que, a través de la CEOE, se debería trasladar a la Secretaría de Estado de Trabajo la posibilidad de retrasar la aplicación de la norma «para que se aclaren las dudas que están surgiendo y se puedan consultar». Pero, también, pide que «el reglamento que desarrolle la normativa incluya todas las especificidades y casuísticas». Una idea que también reclama la CEV.
Contra el fraude
De momento, tanto las patronales como las consultoras están recomendando a las empresas que no hayan implementando medida alguna que a partir del 12 de mayo tengan a disposición, como mínimo, una hoja de registro para que cada día los empleados firmen su entrada y salida del trabajo, según explicaba Laura Vicente, directora general de la consultora ilicitana Gesem. La experta comparte con las patronales la necesidad de que se apruebe el reglamento y pone el acento en que la propia norma, en realidad, supone una base legal «que debe ser abordada por consenso, en convenios colectivos o acuerdos de empresa, atendiendo las particularidades».
Pese a los problemas que están encontrando, los empresarios valoran la medida para luchar contra el fraude laboral. Esta es una reivindicación histórica de los sindicatos para controlar las horas extra y, aunque coinciden con las patronales en que la negociación es un instrumento clave, critican sus recelos. Consideran que la norma no sólo «sacaría a la luz las horas que se trabajan de más, sino también las cotizaciones que no se abonan por ellas a la Seguridad Social», según Yaissel Sánchez, de UGT.
