Las familias valencianas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas aumentaron en el primer trimestre del año en un 27,9 % en relación al mismo período de 2018. Si entonces fueron 43, ahora han subido a 55, según la Estadística de Procedimiento Concursal publicada ayer por el INE. Esas 55 están ligeramente por encima del 10 % respecto de las 501 familias que se vieron en esta tesitura en España.
Sumando los concursos de acreedores del ámbito doméstico y mercantil, en la Comunitat Valenciana se registraron en total 218 de este tipo de procedimientos entre enero y marzo, con un incremento general del 4,3 %, casi el triple que el 1,7 % del conjunto de España. De la cifra global valenciana, solo en doce casos el concurso fue forzoso. Además de los 55 correspondientes a personas físicas sin actividad empresarial, los 163 restantes los presentaron firmas mercantiles.
Las ramas de actividad más castigadas por suspensiones de pagos fueron las del comercio al por mayor, con 31, las de la construcción, con 19, las del comercio al por menor y vehículos, con 18, y las de hostelería, con diez.
Por tramo de asalariados, las más damnificadas fueron aquellas empresas que tienen entre 3 y 5 trabajadores, que ascendieron a 27, seguidas, con 26, por las que no tienen empleados. Una de esas 163 mercantiles tenía más de cien personas en plantilla.
Volumen de negocio
Respecto al volumen de negocio, la palma se la llevan las compañías más pequeñas. Así, 56 de las 163 que fueron a concurso facturaban hasta 250.000 euros y otras 25, entre esta cifra y 500.000 euros. Hubo dos mercantiles que superaban los diez millones.
Por último, el INE analiza la antigüedad de las firmas que suspendieron pagos en la Comunitat Valenciana. Del total de 163, 25 tenían una trayectoria de más de veinte años, mientras que 32 no habían llegado a los cuatro años.
