Los ingenieros técnicos industriales no caen en el desaliento y mantienen su batalla con la administración valenciana por poder entrar en el negocio del certificado de licencias de segunda ocupación, certificados energéticos de los edificios o por el visado de pisos antiguos. Se trata de actividades que, tradicionalmente, los ayuntamientos vienen reconociendo en exclusiva a los arquitectos o arquitectos técnicos, rechazando cualquier documento presentado por un ingeniero.
En este sentido, la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía, acaba de emitir un informe (al menos ya van cinco en los últimos años, según ha podido comprobar este diario) en el que se reprocha al Ayuntamiento de El Campello (Alicante) que imponga una barrera al acceso y al ejercicio de los profesionales, contraviniendo la ley de garantía para la unidad de mercado.
El dictamen, del pasado 1 de abril, es la respuesta a la reclamación de un ingeniero técnico industrial, después de que ese ayuntamiento rechazara un certificado suscrito por él en el marco de una solicitud de licencia de segunda ocupación de una vivienda.
El ayuntamiento sostiene que, como el uso de la vivienda es residencial, «los técnicos competentes para verificar si la edificación cumple con la normativa residencial son los arquitectos y arquitectos técnicos». El municipio se apoya en las normativas estatal y autonómica sobre el proceso de edificación.
Sobre estas reservas de actividad, la Secretaría reclama que la competencia se determine en función de la naturaleza y entidad del certificado o proyecto del que se trate. En este caso en concreto, El Campello considera únicamente competentes a los arquitectos, y motiva su decisión exclusivamente en el uso residencial de la vivienda.
«No consta en el expediente que la vivienda haya sido objeto de obras que hayan supuesto su modificación y/o ampliación con respecto al proyecto inicial», replica la Secretaría. En este sentido, el ministerio apunta que, a priori, los certificados que acompañan a las licencias de segunda ocupación verifican las condiciones de habitabilidad y su adecuación a la normativa, «por lo que no exigen unos conocimientos técnicos constructivos». Igualmente, apunta que la Ley valenciana «no parece exigir de manera concreta que dichos certificados que acompañen las licencias sean firmados por un colectivo específico».
Competencias técnicas
Y concluye: «En la medida en que las competencias técnicas adquiridas por un ingeniero técnico industrial u otro profesional les capaciten para el análisis que debe constar en un certificado técnico de vivienda para una licencia de segunda ocupación, éstos deberían considerarse competentes».
La batalla viene de lejos. En los últimos cinco años, este mismo organismo ha emitido dictámenes en el mismo sentido sobre licencias de segunda ocupación en Torrevieja, Santa Pola, Pilar de la Horadada o Altea.
También la Comisión de la Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana ha cuestionada la actuación de un municipio (San Miguel de Salinas) y la propia Conselleria de Vivienda por reservarla competencia exclusiva a los arquitectos para emitir certificados de habitabilidad preceptivos para la obtención de licencia de segunda ocupación.
