El juicio de Bankia volvió a servir ayer para arrojar luz sobre la mayor crisis de la historia reciente del sistema financiero español, que provocó la desaparición de las cajas de ahorros y el rescate del sector con fondos europeos. Luis María Linde, el que fuera gobernador del Banco de España entre junio de 2012 y 2018, compareció como testigo y dio su versión de lo sucedido durante su mandato. Poco importó que lo que relató sucediera después de la salida a bolsa de Bankia (que fue en 2011 y es el objeto del juicio). Linde desveló algunos detalles de este momento histórico que hasta ahora no habían trascendido.

El exgobernador del Banco de España destacó que BFA-Bankia era el primer problema del sistema bancario español cuando llegó al cargo, debido a que pocos meses después la entidad llegó a deber 82.000 millones de euros al Banco Central Europeo (BCE). Esta cifra suponía un 20% del total, «en una situación gravísima, desconocida desde la Guerra Civil». Linde recordó que por los problemas que arrastraba Bankia en ese momento tuvo que recibir un anticipo del rescate bancario de 4.500 millones de euros en septiembre de 2012.

Según relató, a comienzos de 2012 la banca española había recibido del BCE alrededor de 150.000 millones, de los que 20.000 pertenecían a BFA-Bankia. «La situación se va agravando en la economía española y europea, va subiendo la deuda y llegamos a octubre y la banca debe 409.000 millones, el 40% del PIB, y BFA 82.000 millones», dijo.

El mes de agosto de ese año, Bankia presentó sus cuentas del primer semestre de 2012, que reflejaban «pérdidas muy importantes» por las provisiones y que colocaban a BFA-Bankia en un incumplimiento de los recursos propios que podía agravarse debido a los problemas de liquidez que presentaba todo el país. Esta situación podría provocar que el BCE le exigiera que devolviera todo lo que debía. «Evitar esa catástrofe inminente» con el anticipo del rescate fue una buena decisión, dijo Linde.

El antiguo responsable del supervisor indicó que la situación del banco era tan grave que, una vez nacionalizado, pudo haberle sancionado por varios motivos, como la reformulación de las cuentas de 2011, pero que decidió no hacerlo para no castigar a los nuevos gestores, encabezados por José Ignacio Goirigolzarri.