30% DTO ANUAL 24,49€/año

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Polémica

El Consell abre la puerta a inhabilitar a las ITV en plena guerra por la bajada de tarifas

Las empresas concesionarias presentan ante el Tribunal Superior de Justicia un incidente de nulidad contra la rebaja de los precios

Un vehículo sale de una estación de ITV, en la provincia de València.

Un vehículo sale de una estación de ITV, en la provincia de València. j. l. bort

La relación entre la Conselleria de Economía y las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no ha sido precisamente fluida en el primer mandato del Botànic. Sentencias, recursos en los tribunales, cambios en el marco tarifario... Y la nueva legislatura tampoco parece haber comenzado con buen pie.

Un nuevo frente aparece entre la administración y las empresas privadas que prestan este servicio. La Conselleria de Economía trasladó ayer a los titulares de estas empresas que desde el pasado 21 de mayo tienen abierto un expediente de inhabilitación que podría desembocar en última instancia en la pérdida de la concesión.

El motivo radica en haberse incumplido el plazo de un año fijado para que las estaciones acrediten ante el Ministerio de Industria estar adaptadas a los requerimientos del nuevo real decreto que regula la inspección técnica de vehículos. Tienen seis meses para subsanar este incumplimiento.

La acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es uno de los requisitos que fija el nuevo Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, que se ajusta a la directiva europea e introduce nuevos requerimientos para los vehículos.

Así, el Gobierno quiere revisar que las estaciones de ITV estén adaptadas a los procesos para realizar las inspecciones periódicas y no periódicas de todo tipo de vehículos. El real decreto daba un año para adecuar las instalaciones a lo que marca la nueva norma y obtener la acreditación.

Según explican desde la conselleria, la apertura de este expediente de inhabilitación es una obligación legal, derivada de una norma estatal, y tienen que cumplir con lo que marca el ministerio. Este problema se está dando también en otras autonomías, y la conselleria se ha puesto a disposición de las concesionarias para ayudar a resolver las dificultades que puedan plantearse.

Las empresas, que ya han recibido las visitas de inspectores de ENAC, están a la espera de conocer los informes acreditando si cumplen o no con las nuevas exigencias, aunque existe el temor de que alguna estación suspenda en alguno de los procesos.

Si hubiera pérdida de licencias, la conselleria ya trabaja en escenarios como la licitación de nuevos concursos o echar mano de concesionarias que sí estuvieran acreditadas, según la información que se ha trasladado a los sindicatos. El objetivo es que de ninguna manera el servicio se vea menguado.

Pese al ánimo «constructivo» de la administración, las empresas han recibido estos avisos con recelo. Entienden que se está siendo más riguroso que otras autonomías. Este nuevo frente, además, llega en un clima de desconfianza, con la realización judicializada tras la sentencia del TSJ que anuló una rebaja de tarifas de 2014. La Generalitat no aplicó esta sentencia hasta hace unas semanas: el pasado 6 de mayo volvían a aplicarse los precios de 2014, hasta 10 euros más caros. Sin embargo, apenas estuvieron en vigor una semana. El 10 de mayo, el pleno del Consell aprobaba inmediatamente una nueva rebaja.

Como reacción a ello, la patronal de las empresas concesionarias de ITV (Aecova) ha presentado esta semana ante el TSJ un incidente de nulidad contra ese acuerdo del Consell. En su opinión, esa nueva bajada de tarifas se realizó con el objetivo de no cumplir la sentencia, con lo que entienden que el acuerdo es nulo.

Compartir el artículo

stats