«Me sentí engañado, estafado» fue ayer la frase más repetida por los pequeños inversores de la salida a Bolsa de Bankia, que aseguraron ante la Audiencia Nacional que acudieron a la operación en julio de 2011 para proteger sus ahorros de la bajada de los tipos de interés, animados por los trabajadores de sus sucursales «de toda la vida».

Los testimonios de los accionistas resonaron durante esta última sesión en la sección cuarta de la sala de lo Penal, que por primera vez en seis meses ha dejado atrás los tecnicismos para escuchar los pormenores de cómo fue la comercialización del producto en el tramo minorista.

Como sucediera en la fase inicial del juicio, las defensas de Bankia y BFA han encaminado su interrogatorio a evidenciar ante el tribunal que ninguno de los testigos aceptó el mecanismo extrajudicial habilitado por la entidad en 2016, por el cual se han devuelto casi 1.900 millones de euros a 225.100 cuentas inversoras.

De este modo, según los datos manejados por los letrados del grupo, de los aproximadamente 11.000 afectados personados en la causa, sólo quedan pendientes de recuperar su inversión 176 cuentas de inversores, que corresponden a 205 personas físicas y 4 jurídicas, y que representan una cuantía inferior a los 2 millones.

«Conocí ese proceso, pero yo ya había hecho la denuncia», reconoció uno de los afectados, que dijo que rechazó dicha vía porque «no quería solamente el 1 %, sino además los gastos» que suponía el haber estado personado en el procedimiento penal. Otros que sí asistieron a esta ventana, en cambio, insistieron en que el daño moral que les causó no poder disponer de su dinero durante más de un lustro les legitima para seguir en este caso, en el que la Fiscalía Anticorrupción pide hasta cinco años de prisión para los exgestores de Bankia Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú, por estafa a inversores. Penas que se elevan hasta los doce años de cárcel en el caso de las acusaciones populares y particulares.