La batalla legal entre LafargeHolcim, la Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Sagunt no descansa ni en plena transición de poderes tras las elecciones.

El episodio más reciente se vivió ayer mismo en el último pleno del mandato municipal, cuando se conoció el recurso contencioso administrativo presentado en el Tribunal Superior de Justicia por la cementera contra la Conselleria de Medio Ambiente en torno al expediente que concedió, tras meses de polémica, la ocupación de monte público para prorrogar hasta 2042 la actividad minera en la cantera del Salt del Llop.

Y es que, después de ese visto bueno del organismo autonómico, se presentaron y tramitaron recursos por parte de particulares, agrupaciones y asociaciones, en los que «no se nos tuvo como parte interesada ni se nos concedió trámite de audiencia, incumpliéndose de esta forma el procedimiento legalmente establecido», según precisan desde la multinacional. Estas mismas fuentes explican que lo que pretenden ahora con esta maniobra es conocer en profundidad esa parte del expediente.

Éste fue también el argumento con el que justificó el todavía alcalde de Sagunt, Quico Fernández, su propuesta para que el ayuntamiento se personara en este procedimiento, además de esgrimir la premura de plazos para tratar este asunto dos días después de las elecciones. En una sesión llena de tensión con la presencia de decenas de trabajadores de Lafarge, el secretario aclaró que la personación podía esperar y así la mayoría del pleno decidió retirar la propuesta de alcaldía y dejar la decisión en manos de la corporación que se constituirá el 15 de junio.

Hasta llegar a esa conclusión, tanto el debate como la votación resultaron caóticos con cambios de postura y acusaciones de «inmoralidad» o de montar un «ruido injustificado» por una cuestión «intrascendente» que «la Justicia será la que tenga que resolver». El presidente del comité de empresa, Félix Vélez de Guevara, tomó la palabra para lamentar que «no hay ni una decisión de este gobierno municipal que haya buscado ayudar a los trabajadores. Esperemos que esto cambie con la nueva corporación y no tengamos que volver al pleno».

Fernández replicó que su único objetivo es la seguridad jurídica del consistorio y, en este sentido, recordó la postura contraria de varios grupos municipales en torno a los informes de los técnicos del ayuntamiento en los que se mostraban en contra de que la cementera siguiera su actividad en la montaña de Romeu.